Tomás Sánchez Barrón tiene 52 años y busca que el Estado Mexicano le reconozca la autonomía para decidir sobre su herencia, pensiones y bienes materiales, pero sobre todo elegir con quién vivir, esto a pesar del diagnóstico de retraso mental.

 

El caso de Tomás llegó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá definir en la próxima sesión si atrae o no dicho asunto para su estudio, luego que un juez civil le negó los derechos solicitados.

 

Al morir los padres de Tomás, él quedó bajo la custodia de una sobrina con quien vive, pero según su abogado, Andrés Aguinaco Gómez Mont, ella lo somete a maltratos físicos y emocionales, lo mantienen confinado en un lugar insalubre que carece de servicios básicos.

 

Explicó que Sánchez Barrón fue declarado en estado de interdicción hace 20 años, cuando sus padres estaban con vida y lo protegían, sin embargo, desde la muerte de los mismos comenzaron sus problemas por la administración de sus bienes, entre ellos la casa que recibió en la delegación Iztapalapa.

 

El estado de interdicción se determina cuando una persona es declarada judicialmente incapaz por carecer de las aptitudes generales para gobernarse, cuidarse y administrar sus bienes, por lo que debe ser sometido a la guarda de un tutor.

 

El litigante explicó que son cuatro los puntos en la solicitud de atracción que presentaron ante la SCJN a través del recurso de revisión del amparo turnado a un tribunal colegiado, primero que se reconozca el derecho de su cliente a heredar y hacer con la casa lo que él decida.

 

Además que sea él quien administre el dinero que le otorgan de la pensión por los más de 20 años que laboró en una panadería; cobrar directamente la pensión de su padre quien se desempeñó como policía en el DF y, sobre todo, decidir con quién quiere vivir.

 

Detalló que ante la negativa del juez de primera instancia en materia civil en el DF, el asunto lo llevaron a un juzgado federal, quien ordenó que se repusiera todo el proceso y se tomara en cuenta el dicho del quejoso, pero no resolvió el asunto de fondo en contra del estado de interdicción.

 

El litigante dijo que este caso pone en evidencia el proteccionismo de la ley a través de los juicios de interdicción, el cual no propiamente es lo mejor para las personas con algún tipo de limitación, pues muchas veces los propios tutores son el factor de riesgo, abuso y saqueo.

 

“A través de mi profesión nos hemos percatado, que así como en los casos de los niños maltratados o abusados, los principales agresores de las personas con algún tipo de discapacidad son los parientes cercanos que viven con ellos, o en este caso, que tienen su custodia”, denunció el litigante.

 

Este asunto recuerda al caso que ya se discutió en la SCJN de Ricardo Adair Corones Robles, joven con el síndrome de Aspenger, quien también busca sacudirse el estado de interdicción o tutela, que condiciona su autonomía como individuo.

 

Pero a más de un año de que la Corte ordenó que se repusiera el proceso, y se llevara a cabo un nuevo juicio con base a los análisis periciales de especialistas, el Tribunal Superior de Justicia del DF, aún no resuelve nada.