La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) abrió una investigación interna relacionada con los hechos ocurridos en Tlatlaya en junio del año pasado, luego de corroborarse que un grupo de sus elementos a bordo de tres camionetas llegó al sitio donde murieron 22 personas, alertados por una “llamada anónima”.

 

A través del oficio QR/SQI/DQPN/PI/2797/14 enviado a la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH), la Armada confirmó que su Contraloría general inició el año pasado el expediente interno para deslindar responsabilidades. Aun no se conocen, por lo menos públicamente, los resultados.

 

Dicha información fue revelada a partir de las solicitudes que hizo el ombudsman nacional durante la integración de la investigación por este caso, y que dio pie a la recomendación 51/2014 dada a conocer a finales de octubre.

 

“El jefe de la Unidad de Atención y Procuración a la Ciudadanía de la Secretaría de Marina dio vista a la Inspección y Contraloría General de Marina por los hechos, iniciándose con ello la investigación previa al procedimiento administrativo de responsabilidades de los servidores públicos”, informó la Armada a la CNDH.

 

Hasta hoy, las responsabilidades por el caso Tlatlaya han recaído, por lo menos públicamente, en los soldados del 102 Batallón de Infantería del Ejército que participaron en el mismo y que fueron señalados de ejecutar extrajudicialmente a varias de las víctimas, así como en agentes ministeriales del Estado de México que encubrieron el caso y manipularon evidencia.

 

De la participación de efectivos de la Armada y la cobertura o apoyo que dieron en los hechos se conoce poca información

 

24 HORAS consultó a la Secretaría de Marina sobre el estado en que se encuentra esta investigación interna actualmente o si la misma ya fue cerrada con algún resultado, pero hasta el cierre de esta edición continuaba sin proporcionarse una respuesta en este sentido.

 

 

Intervención

 

A las 5 de la mañana del 30 de junio ocurrió, según la Secretaría de la Defensa Nacional, el enfrentamiento en la bodega de la comunidad San Pedro Limón en Tlatlaya, entre supuestos elementos del crimen organizado y militares.

 

Solo 15 minutos después una persona se comunicó con la Base de Operaciones de la Armada en el municipio de Luvianos. Esto según lo reportado por el capitán de Fragata a cargo de la referida base. El denunciante anónimo, sabía no sólo de los disparos, sino de los contendientes en el mismo.

 

“Aproximadamente las 05:15 horas, se recibió información vía telefónica de una persona quién se negó a proporcionar su nombre y refirió que en las afueras del poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, escuchaba detonaciones de armas de fuego y que se decía era entre personal del ejército contra integrantes de la delincuencia organizada”, indica el informe naval.

 

Dos horas y media después del enfrentamiento, a las 7:30 de la mañana, los elementos de la Armada llegaron al sitio en tres vehículos. Los militares ya tenían montado un dispositivo de seguridad sobre la carretera.

 

Informe y retirada

 

“Fue un enfrentamiento con la delincuencia organizada… había tres mujeres secuestradas”, dijo el coronel del Ejército a los elementos de la Armada. Los marinos, según reportó el capitán de Fragata, escucharon a una de las sobrevivientes quien les dijo que había otras personas secuestradas, entre 10 o 12, en las inmediaciones.

 

El contingente naval hizo un recorrido junto con la víctima y un vehículo del Ejército para buscar a las otras personas supuestamente secuestradas. Se hicieron recorridos en las localidades de San Pedro Limón y Tlacouxpan, ambos pertenecientes a Tlatlaya.

 

Tras dos horas de recorridos, la búsqueda resultó infructuosa por lo que regresaron al lugar de los hechos donde dejaron a la sobreviviente de nuevo con los soldados. Poco después de las 11 de la mañana todos los marinos se retiraron del sitio.

 

La CNDH hace notar en su recomendación del caso que, si bien los elementos de la Armada parecen no estar ligados con el crimen pues llegaron después de que este terminó, su intervención debe ser objeto de revisión.

 

“Las víctimas refieren coincidentemente que fueron elementos del Ejército quienes privaron de la vida a las personas al interior de la bodega. Sin embargo, la aparición del personal naval también debe ser motivo de investigación”, señaló el ombudsman nacional.