El ministro, Luis María Aguilar Morales, presidente de la SCJN informó que como una de sus primeras acciones de trabajo presentará un acuerdo para que se facilite el ingreso a laborar al Poder Judicial Federal a las personas que tengan algún tipo de discapacidad.
Con base a sus cualidades y aptitudes se podrá designar el tipo de labor que podrán desarrollar, pero sobre todo se pretende dar certeza laboral a uno de los grupos considerados como vulnerables dentro de la sociedad.
Durante el encuentro del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con el titular del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), Jesús Gilberto González Pimentel, anunció diversas acciones en beneficio de los trabajadores del ámbito judicial.
Durante el encuentro, el ministro presidente habló de las acciones para la modernización de los procesos administrativos y la generación de políticas públicas que permitan dar mayor eficiencia y transparentar el gasto público del PJF.
“Tengo el compromiso personal e institucional de hacer del PJF una institución confiable y eficiente en su desempeño jurisdiccional; transparente y comprometido con la rendición de cuentas, moderno, altamente profesional e incluyente, garante de los derechos de todos los sectores sociales”, sostuvo.
Por ello, anunció que emitirá un Acuerdo General que facilite la contratación laboral a personas con discapacidad en la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura, así como a los órganos jurisdiccionales y auxiliares de todo el país, como parte de una política pública incluyente, de primera generación.
Aguilar Morales detalló como una política pública institucional, el impulso decidido que se dará a la capacitación constante y permanente del personal jurisdiccional y operativo de la judicatura federal, lo que redundará en una mejor justicia para los ciudadanos.
Recordó que en su propuesta de Plan de Desarrollo Institucional para el PJF, la igualdad de género será prioritaria, por lo que resulta ineludible el establecimiento de normas, reglas y condiciones jurídicas que propicien la participación de la mujer en tareas jurisdiccionales, procurando un equilibrio que favorezca esa condición sin menoscabo de los derechos de los hombres.
MG