Como ocurría frecuentemente en el sexenio pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) utilizó dichos de ex narcotraficantes convertidos en testigos protegidos para completar la acusación de delincuencia organizada en contra de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde de Iguala José Luis Abarca.
Fueron al menos dos testigos colaboradores los contemplados en el caso, entre los que se encuentra Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, preso en Estados Unidos. Este testigo fue usado en varias investigaciones de años anteriores como el de los generales ligados al narcotráfico, caso que a la postre se vino abajo.
Ayer la activista Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, confirmó que la PGR recurrió a este recurso en el caso de Pineda ante la falta de evidencia con la que se ha enfrentado el Ministerio Público Federal en el caso en contra de los Abarca.
“Sé específicamente que los van a utilizar (a los testigos protegidos) en el caso de la señora Pineda (…) Es totalmente comprensible y esto tiene que ver porque su familia y ella misma pertenecía al grupo de los Beltrán Leyva (…) recordemos que en Estados Unidos hay procesados algunos delincuentes ligados a este cártel como es alguien que apodaban El Grande y otros tres o cuatro y, muy probablemente, a cambio de algún beneficio de pena estén aportando toda la información de la señora Pineda”, dijo.
Cabe señalar que en el juicio iniciado en contra de Pineda, El Grande y los otros testigos protegidos tendrían que comparecer ante el juez a ratificar su dicho.
La activista consideró que bajo un control adecuado el uso de esta figura es válido, sobre todo en casos como el de Ayotzinapa, en donde hubo complicidad de autoridades municipales y posiblemente estatales, lo que provocó que se perdiera evidencia clave para las acusaciones, como por ejemplo los radios de comunicación policial.
La declaración
La declaración en poder de la SEIDO que ofreció Villarreal, bajo la clave de testigo protegido “Mateo”, detalla que Alberto Pineda Villa, alias El Borrado, y Mario Pineda Villa, alias El MP, ambos hermanos de la ex primera dama de Iguala, eran operadores de los Beltrán Leyva en Morelos y facilitaban el trasiego de drogas.
Villarreal Barragán explicó que los Pineda Villa, entre ellos María de los Ángeles y otros familiares, también lavaban recursos y pagaban sobornos a autoridades locales y federales. Esto antes del rompimiento con Arturo Beltrán Leyva en 2009.
Autoridades ministeriales con conocimiento del caso indicaron que estas declaraciones afianzan el vínculo de la ex primera dama de Iguala con actividades de blanqueo de recursos de operadores de los Beltrán Leyva, actividad que luego continuó realizando para el grupo conocido como Guerreros Unidos. Añadieron que existen otras pruebas como reportes financieros y de hacienda que evidencian las posibles operaciones de lavado de dinero.
Órdenes negadas
Sobre la falta de una nueva acusación por secuestro en contra de Pineda, misma que como 24 HORAS publicó ayer no se prevé en el corto plazo, Isabel Miranda dijo que obedece a la misma complejidad que presenta el caso para obtener las pruebas que un juez valide. Confirmó que la PGR ya intentó en algún momento proceder pero no resultó
“En el caso de Pineda la PGR sí la acusó de secuestro, pero el juez negó la orden de aprehensión porque no quedó acreditado de manera fehaciente el delito. En el caso de Abarca fue lo mismo y hay una apelación en curso”, dijo Wallace.
Alejandro Martí, presidente de México S.O.S., señaló que en el caso de Ayotzinapa aún hace falta un tramo largo de investigación, desde el hecho de la falta de ADN reconocido de las víctimas. Dijo además que la red de complicidades que derivó en el plagio de los estudiantes, seguramente abarca más funcionarios de los que se conocen.