Al menos 20 funcionarios públicos del Estado de México se encuentran bajo investigación ante la probabilidad de que haya incurrido en violaciones a los derechos humanos de tres testigos de los hechos del pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, donde habrían sido asesinadas 22 personas.
Así lo dijo el procurador general del estado, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, tras informar que la dependencia a su cargo avanza en el cumplimiento de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos entorno al caso.
En conferencia de prensa, el funcionario refirió que las indagatorias sobre el actuar de agentes del Ministerio Público, peritos y agentes de la policía ministerial principalmente corresponde ante los supuestos malos tratos que hayan infringido a tres mujeres, testigos de los hechos, así como a la probabilidad de que la escena del crimen haya sido alterada.
Al respecto, indicó que la veintena de funcionarios tiene disponibilidad para colaborar en las indagatorias y en seguimiento al principio de presunción de inocencia ninguno ha sido separado de su cargo.
“La investigación que queda en manos de la Procuraduría General de Justicia del estado es la que tiene que ver con los supuestos malos tratos a las tres mujeres testigo de estos hechos, nosotros no tenemos a cargo la investigación que tiene que con la presunta ejecución, y digo presunta porque falta que lo declare una autoridad judicial con sentencia firme, por parte de elementos específicos militares (…)
“La supuesta alteración de la escena, uno es imputable a los mismos elementos castrenses y otra es imputable dentro de toda la investigación a algunos de los servidores públicos de la Procuraduría (estatal) y también es parte de la misma investigación que se está llevando dentro de esta misma carpeta”, precisó.
Dichas pesquisas, señaló Gómez Sánchez, tienen que ver con el cumplimiento de los puntos que integran la Recomendación 51/2014, emitida el 21 de octubre del año pasado por la CNDH respecto al caso, de la cual aseveró se han realizado las gestiones necesarias para cumplir lo señalado en dicha recomendación.
“Nosotros hemos avanzado en el cumplimento de la recomendación, ya se llevo a cabo el curso que tiene que ver con servicio periciales y elementos ministeriales a través del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que tiene que ver con dos puntos recomendantarios, veremos con la CNDH si este curso es suficiente o debemos profundizar.
“Estamos por recibir el curso de la propia CNDH y la Comisión estatal con respecto al respecto de Derechos Humanos; en cuanto hace a la indemnización de las víctimas, estamos en plena coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que ya emitió los oficios en los cuales inscribe en el registro nacional de victimas a estas tres personas”, aseguró.
Respecto a la reclasificación que hiciera este martes el organismo de Derechos Humanos respecto a que el expediente del caso Tlatlaya fue resuelto como Investigación de “Violaciones Graves” a Derechos Humanos el procurador mexiquense refirió que la CNDH había actuado plenamente en el ejercicio de sus facultades, toda vez que se trataba de un caso donde “las autoridades no podemos acudir al juicio de amparo, al tratarse de una actuación como autoridad”.