Justo cuando los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala exigieron entrar a todos los cuarteles militares del país para encontrar a sus hijos y cuando su argumento clave acusa al Estado del levantón, el ex alcalde perredista de Iguala José Luis Abarca recibió una orden de aprehensión por el secuestro de los estudiantes.
La orden de aprehensión modificó el escenario político del caso de los 43 porque sólo la insensatez de posiciones políticas amañadas podría llegar a la conclusión que los estudiantes secuestrados por órdenes del ex alcalde del PRD estarían en cuarteles militares.
La acusación y aprehensión contra el ex alcalde perredista debería obligar a los padres de los estudiantes secuestrados a dejar de encubrir al PRD del asunto criminal de Iguala y a orientar sus protestas contra el PRD de Los Chuchos y el gobernador con licencia Ángel Aguirre, los dos responsables del encumbramiento de Abarca y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa encarcelada por pertenecer, siendo perredista, a un grupo del crimen organizado.
Las razones de los padres de los 43 para inculpar al Estado y al Ejército carecen de fundamento y se localizan en el escenario de la manipulación de la memoria de sus hijos para proteger al PRD. En este sentido, los padres han permitido que sus hijos se conviertan en bandera política perredista contra el PRI en las elecciones de junio próximo.
El expediente acusatorio contra el alcalde perredista Abarca representa la mejor respuesta del gobierno a los padres de los 43 estudiantes que han decidido escalar la violencia no tanto para encontrar a sus hijos sino para desestabilizar el país. Si de verdad quisieran saber dónde fueron llevados sus hijos y qué hicieron con ellos, los padres deberían de ir a la sede nacional del PRD y a las oficinas del gobernador con licencia Aguirre porque ellos prohijaron a Abarca y a su esposa.
La exigencia de los padres de abrir los cuarteles militares de todo el país para “revisar” si en alguno se encuentran sus hijos no es sino una parte de la estrategia de la política de desestabilización nacional de un sector de las élites disidentes y algunas pistas han llevado a investigadores oficiales a los estilos de Marcelo Ebrard y del documentalista Epigmenio Ibarra.
Una vez que los padres recorran los cuarteles y se percaten que en ninguno existe alguna evidencia de la presencia de sus hijos, entonces exigirán visitar todas las sedes del PRI, de algunas otras oficinas públicas y hasta de la casa presidencial de Los Pinos porque no faltará algún padre radicalizado que diga que La Paca de la izquierda recibió mensajes del más allá en el sentido de que sus restos fueron escondidos en Chapultepec.
Sin embargo, las indagatorias de la PGR cada día acumulan evidencias de que #FueElPRD el responsable de la desaparición de los 43 estudiantes y que la tribu “Aguilar Talamantes-Los Chuchos” sabía de las relaciones de Abarca y su esposa Pineda Villa con el crimen organizado. Horas después del secuestro, el alcalde perredista Abarca se reunió personalmente con Jesús Zambrano, presidente en funciones del PRD, pero ya con evidencias de que en ese momento todas las pistas señalaban a Abarca como el que dio la orden de levantar a los estudiantes y entregarlos al grupo criminal Guerreros Unidos, del cual formaba parte su esposa Pineda Villa.
El hecho de que los padres de los 43 estudiantes se nieguen a aceptar las evidencias que responsabilizaban al alcalde perredista Abarca sería una politización vulgar de la memoria de sus hijos y la prueba de que lo que menos les interesa a los padres es saber quién ordenó secuestrar a sus hijos.