En todas las investigaciones que se han realizado sobre el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa no hay un solo elemento que indique que elementos del Ejército mexicano participaron, aseguró Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora de PGR en comparecencia ante diputados federales junto al comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.
Los funcionarios rindieron cuentas ante los legisladores la Primera Comisión (Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia), de la Comisión Permanente, donde defendieron que la seguridad en el país ha mejorado y dieron a conocer una serie de cifras para afirmarlo.
Sobre los avances de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, la subprocuradora aseguró que “no tenemos ningún elemento que nos permita orientarnos hacia que, elementos de las fuerzas armadas participaron (en la desaparición). De todas las indagatorias, que por ciento, son muy extensas, no hemos obtenido ningún elemento que nos indique ese vínculo”, sostuvo.
¿Qué avances hay en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa? ¿Qué ocurrió con el caso Tlatlaya? Y ¿Cómo se va resolver la situación de inseguridad y violencia en el país? Fueron algunos de los cuestionamientos que lanzaron los legisladores.
“Estamos abocados no solamente a resolver las investigaciones de casos tan relevantes, como el caso de Ayotzinapa, el caso de Tlatlaya y los demás que se han presentado, en donde, de verdad, hemos actuado con toda responsabilidad, poniendo todos los elementos, todos los recursos, todo el personal más capacitado sino que además pretendemos también, trabajar para el largo plazo, construir las bases de lo que les puede permitir a la futura Fiscalía General ser una fiscalía autónoma plenamente”, abundó Benítez Tiburcio.
Ambos funcionarios presentaron una serie de cifras sobre las acciones que el gobierno ha emprendido en materia de seguridad y procuración de justicia. Sin embargo, reconocieron que aún hay temas pendientes.
Una disminución en la incidencia delictiva, desde el homicidio y los robos hasta los secuestros y extorsiones durante 2014, la “neutralización” de 88 de los 122 principales objetivos del crimen organizado, así como los diversos operativos y reforzamientos de seguridad en estados, regiones y ciudades como Tierra Caliente, Acapulco, Michoacán, México y Tamaulipas fueron algunos de los puntos relevantes destacados por el titular de la CNS.
Benítez Tiburcio indicó que en los últimos dos años suman alrededor de 360 servidores públicos de la dependencia federal que han sido consignados penalmente, 149 procedimientos de remoción y cerca de 4 mil 200 evaluaciones técnico-jurídicas.
A la fecha, añadió, se han libraron 202 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos, desde agentes del Ministerio Público, policías ministeriales, mandos medios y superiores.
Respecto al combate a la delincuencia organizada, señaló que en lo que va de la administración se ha dictado auto de formal prisión a tres mil 701 personas, así como la resolución de 396 sentencias condenatorias para 820 personas, así como el aseguramiento de 2 mil 465 millones de pesos y cerca de 33 millones de dólares americanos tan sólo durante 2013 y 2014.
Confrontación
“México enfrenta retos muy serios en el tema de seguridad, particularmente en lo que tiene que ver con la seguridad pública que pareciera es la parte más débil de la seguridad nacional en lo que se relaciona con el crimen organizado (…) Contrario a lo que se nos presentaba pareciera que han aumentado 33 mil 040 homicidios registrados de enero a noviembre del 2014”, refutó la diputada Lilia Aguilar Gil, al dar a conocer el posicionamiento del PT.
En respuesta, Rubido García destacó la iniciativa de implementar el mando unificado policial a nivel nacional para un eficaz combate en todos los órdenes de lo que actualmente implica la delincuencia en nuestro país.
“Lo que busca la iniciativa del presidente Peña Nieto es tener 32 policías sólidas, 32 policías capacitadas para combatir la delincuencia en beneficio de la ciudadanía, y la iniciativa que se manda hace énfasis en que las erogaciones que se tengan que efectuar para nivelar salarios, para capacitar, para equipar a esas corporaciones, provendrán los recursos del gobierno de la República”, puntualizó.
Además reconoció que en el país existían “condiciones de seguridad diferenciadas” entre algunos estados y municipios. “No podemos soslayar que hay condiciones de seguridad diferenciadas, de acuerdo a los contextos y coyunturas por las que atraviesan algunas entidades y particularmente algunos municipios”, dijo.
A manera de conclusión, la presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz puntualizó que ante las cifras dadas a conocer por el comisionado y la subprocuradora no eran del todo alentadoras la violencia e inseguridad que privan en todo el territorio nacional, lo cual hacía a los ciudadanos más escépticos.
“La realidad nos rebasa a todos, que quede claro que la justicia es una asignatura pendiente en este gobierno. Digo esto porque saber de la detención de algunos narcotraficantes, de todos los números que aquí se nos documentan, pero que el narcotráfico y la delincuencia sigan creciendo y que no haya control, eso también es una realidad”, advirtió.