OAXACA DE JUÁREZ. Mientras que el procurador General de Justicia de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, comparecía en el Congreso local, agentes estatales de investigación trasladaban al agente municipal de Copala, Elías Cruz Merino, como presunto participante en la emboscada y asesinato de los activistas Alberta “Bety” Cariño y Jyri Jaakkola y el finlandés Jyri Jaa kkola al penal de Santa María Ixcotel.
De acuerdo a autoridades policiacas, la detención se realizó hace dos días. Fue el propio Omar Esparza, esposo de Bety, quien dio a conocer la noticia de la detención a algunos medios de comunicación.
Desde abril del año pasado, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos denunció que los responsables del asesinato de los activistas estaban identificados, pero que el gobierno se habría negado a cumplimentar las órdenes de aprehensión.
Karla Michel Salas, presidenta de dicha organización declaró: “Sabemos sus nombres y que algunos de ellos son servidores públicos, pero se niegan a cumplimentar las órdenes de aprehensión”, con el argumento de que no pueden entrar a la zona controlada por la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), cuyos miembros habrían asesinado a los activistas”.
Según los Abogados Democráticos, los presuntos responsables de los homicidios, –además de Rufino Juárez, preso en Oaxaca pero sin sentencia–, son Anastasio Juárez Hernández, Antonio Solano Vázquez, Juan Macario Bautista Martínez, Antonio Cruz García y Julio César Martínez Morales, este último funcionario del municipio de Juxtlahuaca.
También están involucrados Mauro Vázquez Ramírez, Silvino Ramírez López, Daniel Martínez López, Elías Cruz Merino, Antonio Cruz Merino, Bernabé Santiago Cruz (quien trabaja de promotor en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) y Ramiro Domínguez García, sobre todos existen órdenes de aprehensión.
El asesinato de los activistas ocurrió el 27 de abril de 2010, mientras participaban en una caravana de ayuda humanitaria hacia San Juan Copala.
El 8 de mayo de 2013, la legisladora finlandesa Satu Hassi, integrante de la bancada del Partido Verde en el Parlamento Europeo, quien visitó México dijo que el asesinato podría haberse resuelto en dos o tres semanas, pero que las autoridades no habían demostrado en la práctica su declarada voluntad política para hacerlo.
DEC
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