Mientras los padres de los 43 estudiantes secuestrados por órdenes del alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, marchan y protestan y gritan y piden ayuda a todo el mundo, en Iguala y Guerrero la situación de inseguridad sigue siendo la misma.
El grupo criminal Guerreros Unidos, que asesinó a los 43, el grupo perredista de Abarca y el cacicazgo perredista del ex gobernador Ángel Aguirre mantienen el control de la ciudad, los tres con entendimientos entre sí.
Y mientras los padres y su alianza con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero han amenazado con evitar por todas las vías la celebración de elecciones legislativas federales, legislativas estatales, municipales y de gobernador en el estado, la situación política en Iguala y en Guerrero sigue bajo el control del depuesto gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Así, en Guerrero se ha cumplido la maldición mexicana: aquí no pasa nada, y cuando pasa, no pasa nada. En los hechos Guerrero e Iguala no son gobernados por el PRD sino por los grupos de priistas y perredistas locales que asumieron el poder estatal en el 2005 en nombre del PRD.
Lo que beneficia esta situación política en Guerrero es que los padres de los 43 y la CETEG no se han atrevido a acusar al PRD de la descomposición política en Guerrero e Iguala porque su lucha no es por la justicia ni contra el crimen de sus hijos sino para desestabilizar el estado y que la crisis provocada por el tlatelolcazo perredista en Iguala no permita el regreso del PRI al poder.
Los familiares de Abarca controlan el poder municipal en Iguala y por tanto Guerreros Unidos, dirigidos por la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa, siguen manejando la política en Iguala y los municipios circundantes; y Aguirre Rivero, bajo cuyo poder pudo dominar Abarca el municipio y entregárselo a Guerreros Unidos, tiene bajo su control al PRD estatal. La decisión del senador perredista Armando Ríos Piter de no competir por la gubernatura porque el PRD nacional lo quería obligar a someterse al cacicazgo de Aguirre Rivero, es otro dato de que la crisis de los normalistas no modificó la política local.
Las elecciones en Guerrero serán operadas por el ex gobernador Aguirre Rivero, defenestrado por responsabilidad moral y política en el secuestro de normalistas. El interino Rogelio Ortega pasó de la secretaría general de la Universidad Autónoma de Guerrero para controlar la gubernatura y preparar la nominación del rector actual Javier Saldaña, todo ello con el beneplácito de Aguirre Rivero. Y en Iguala ganará un incondicional de Abarca y su esposa.
La situación social en Iguala sigue igual a como estaba antes: Guerreros Unidos controla la economía, la Gendarmería aparece de adorno, la Policía Federal ha sido incapaz de detener delincuentes, las extorsiones han aumentado y la inseguridad es peor. Los normalistas continúan violentando la ley con secuestro de camiones y extorsiones. Y el PRD como aparato no existe salvo como cacicazgo local bajo el dominio de Aguirre Rivero, quien hasta ahora parece decidido a imponer a su hijo como alcalde de Acapulco para que sea gobernador en seis años.
La crisis provocada por el secuestro y asesinato de 43 normalistas no modificó la vida política en Iguala y en Guerrero. Los candidatos perredistas estatales serán parte del poder caciquil de Aguirre Rivero, con el aval de la dirección del PRD nacional en manos de la tribu “Aguilar Talamantes”-Los Chuchos.
Mientras los padres de los normalistas asesinados no se atrevan a exigirle cuentas al PRD nacional y al PRD estatal bajo control de Aguirre, Iguala y Guerrero seguirán igual que antes del secuestro de los estudiantes: una plaza política perredista entregada al grupo criminal Guerreros Unidos.