Los comunicadores oficiales, que no hace mucho recibían el más modesto nombre de “jefes de prensa”, sabían que una de las condiciones imprescindibles para que surtiera buenos efectos el control de daños en situaciones de crisis informativas era la reacción a tiempo.
Tal parece que, en la actualidad, los comunicadores gubernamentales no poseen la “sabía virtud de conocer el tiempo” (Renato Leduc dixit) y actúan como si la sociedad padeciera Alzheimer político. No es así, pero no parece haber argumento que convenza a los responsables de la comunicación oficial de que están en un error.
Mucho tiempo después de lo que hubiese sido conveniente, el presidente Enrique Peña Nieto reaccionó y anunció el martes 3 de febrero que se abriría una investigación para que un grupo de expertos determinen si hubo o no conflicto de interés en la adquisición de la ya famosa “casa blanca” por parte de su esposa Angélica Rivera; de la casa de Malinalco por parte de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, y de la casa de Ixtapan de la Sal, comprada por el propio jefe del Ejecutivo.
Para tal efecto, Peña Nieto designó a Virgilio Andrade como titular de la Secretaría de la Función Pública y lo instruyó para que los “expertos” decidan si la compra de las casas colocó al presidente de la República, a su esposa y al secretario de Hacienda en el supuesto de conflicto de interés.
La reacción presidencial llegó a destiempo porque el desgaste de la credibilidad del gobierno federal ha sido enorme, pero además no existe ninguna posibilidad de que la Secretaría de la Función Pública escape, en este asunto, a los señalamientos de que actuará como juez y parte por su condición de ser una dependencia del Poder Ejecutivo federal.
Los observadores políticos no encuentran nada nuevo en las ocho acciones para prevenir la corrupción y los conflictos de interés anunciadas por el presidente Peña Nieto. En su mayoría estarán bajo el control de la Secretaría de la Función Pública, dependencia del Ejecutivo Federal, que tendrá buen cuidado -como lo ha tenido siempre- de no tocar a los funcionarios públicos corruptos.
¿O alguien supone, de verdad, que esas ocho acciones servirán de algo? ¿No será esta la oportunidad de crear una auténtica contraloría autónoma que no reciba órdenes del presidente de la República?
Nada más como un motivo de solaz y esparcimiento para los lectores, va enseguida (sin comentarios malosos al margen) la relación de las ocho acciones presidenciales contra la corrupción:
- A partir de mayo de este año, mes en que por ley todos los servidores públicos entregan la declaración patrimonial, será obligación de los servidores públicos federales presentar una declaración de posibles conflictos de interés.
- Dentro de la Secretaría de la Función Pública se creará una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
- Se emitirán reglas de integridad para el ejercicio de la Función Pública Federal, que amplíen y profundicen los actuales códigos de ética y sean acordes con los nuevos retos.
- Se establecerán protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos.
- En complemento a la medida anterior, todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tendrán hasta el mes de abril para identificar y clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en esos procedimientos.
- Se acelerará la operación de la Ventanilla Única Nacional para los trámites y servicios del Gobierno.
- La lista pública de proveedores sancionados por el gobierno de la República será más completa y detallada, ya que señalará la causa de su sanción.
- Se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado, en materia de transparencia y combate a la corrupción.
¡Chulada de acciones!
¡Tiemblen, corruptos!