Este próximo miércoles habrán transcurrido once meses desde que el director del Sistema de Transporte Colectivo, Joel Ortega, anunció la suspensión del servicio en 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
La llamada ‘Línea Dorada’ que el gobierno capitalino presumió como la obra de infraestructura más importante del Distrito Federal con motivo de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, apenas había funcionado 16 meses desde su inauguración el 30 de octubre de 2012, cuando Ortega anunció su cierre parcial por graves fallas en su construcción y operación que ponían en riesgo la seguridad de los usuarios.
Pues bien. Once meses después no hay respuestas concretas, ni mucho menos responsables directos conocidos sobre los graves fallas cometidas en una de las mayores obras de infraestructura de los últimos años en la Ciudad de México y en el país que costó más de 26 mil millones de pesos y que implicó 5 años de construcción.
El asunto se ha convertido en uno de acusaciones mutuas, con ajustes de cuentas entre grupos partidistas, con cálculos político-electorales de por medio y sin que haya una efectiva rendición de cuentas de los órganos competentes. Tanto la Asamblea del Distrito Federal, dominada por el PRD, como la Cámara de Diputados, bajo la presión del PRI, formaron comisiones para investigar, la primera, las causas de los fallos; y, la segunda, el uso de los recursos federales destinados a la obra. En todos ellos lo que hemos visto son actos públicos de simulación de un ejercicio de investigación en un caso grave de irresponsabilidad en el uso de los recursos públicos, en el mejor de los casos, y probablemente de corrupción en la asignación y ejecución de los proyectos públicos.
La combinación de inexperiencia profesional, ambición política y corrupción pudieron ser los factores detrás de lo ocurrido en la Línea 12 y cuyo desenlace parece encaminarse hacia uno de motivaciones políticas y no de la investigación exhaustiva e imparcial y la aplicación de la justicia.
Esa es la desgracia de México que ha matado sus esperanzas. Los tres grandes asuntos que ahora se ventilan en los medios del país y del exterior tienen que ver, en esencia, con la corrupción de sus instituciones: Los casos de potenciales conflictos de interés y/o de corrupción derivado de la relación entre la casa presidencial, su secretario de Hacienda y uno de sus proveedores; la ausencia de una investigación imparcial sobre el caso Ayotzinapa cuya resolución desde el gobierno federal deja abiertos serios cuestionamientos y conflictos; y la politización de un caso como la Línea 12 del Metro que presagia impunidad en sus resultados finales.
OJO CON IZZI. Las autoridades del Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrán que echarle un ojo a lo que está ocurriendo con los contratos y servicios de Izzi, el ex Cablevisión en el Valle de México. Y es que sabemos de planes ofrecidos a los clientes del viejo Cablevisión que no se están respetando. Además, quien desee regresar a su plan anterior podría llevarse una sorpresa, porque los planes han cambiado y los que existen tienen precios mucho más elevados para los servicios individuales.
