Con la detención de al menos seis personas, la Procuraduría General de la República (PGR) destapó ayer una investigación relacionada con desvío de recursos y lavado de dinero durante la administración del ex gobernador de Guerrero con licencia Ángel Aguirre Rivero, que involucra ex funcionarios y familiares suyos, incluido un hermano.

 

Entre los detenidos iniciales no fue mencionado el ex mandatario, sin embargo autoridades federales confirmaron que él, junto con otras personas, también están bajo la lupa de la indagatorias que realiza el Ministerio Público Federal.

 

Lo que ayer se reveló fue la primera parte de la indagatoria que fue consignada ante el juez Quinto de Distrito del Estado de México y que permitió que se giraran órdenes de aprehensión por el delito de lavado de dinero, derivado de un desvío de recursos públicos del orden federal y estatal que asciende a más de 287 millones de pesos.

 

Tomas Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, reveló que hasta las 20:00 horas del martes ya habían sido detenidas “varias personas” aunque sólo mencionó seis nombres, entre los que destaca el de Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del ex gobernador con licencia.

 

Mateo Aguirre ocupó un cargo público como Coordinador general del Ejecutivo Estatal y del Comité de Planeación en la administración de su hermano, pero su último cargo lo ostentó en Morelos como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

 

Los otros detenidos son Luis Ángel Aguirre Pérez, Paulo Ignacio Hughes Acosta (quien fue director General de Desarrollo Urbano del estado); Mauricio Francisco Hughes Acosta, Alejandro Carlos Hughes Acosta, y Jorge Eduardo Hughes Acosta.

 

En la noche se indicó que los detenidos fueron trasladados al Penal del Altiplano, Estado de México, y se espera que hoy rindan declaración preparatoria.

 

La operación fraudulenta

 

De acuerdo con la PGR el desvío de recursos ocurrió entre enero de 2012 y septiembre de 2014, periodo comprendido dentro de la administración de Aguirre Rivero. Cabe señalar que el ahora ex mandatario con licencia tuvo que retirarse del cargo luego de la crisis por la desaparición de normalistas de Ayotzinapa.

 

Zerón explicó que un grupo de personas, entre ellos los ahora detenidos, obtuvieron recursos del erario que originalmente fueron destinados a contratos de obra pública con empresas con la que no tenían aparente relación corporativa.

 

Sin embargo, añadió el funcionario federal, se detectó que “familiares de los ex servidores públicos, relacionados con estas operaciones ilegales, fungen como representantes legales, apoderados y autorizados en las cuentas bancarias en las diversas empresas, a través de las cuales se operaba el desvío de recursos”.

 

El dinero que terminó en cuentas bancarias particulares de los detenidos provenía de dependencias federales y estatales, entre ellas la Comisión Federal de Electricidad, Banobras, Tesorería de la Federación, Comisión Estatal del Agua, Consejo Estatal de Seguridad Pública, Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero.

 

Un dato a destacar es que el Consejo Estatal de Seguridad Pública fue encabezado un tiempo por Víctor Felipe Hughes Acosta, hermano de varios de los detenidos y quien también es blanco de las indagatorias.

 

Las empresas identificadas por la PGR que habían obtenidos los contratos y los recursos que luego fueron triangulados ilícitamente son Constructora Travesa S.A., de C.V., Comercializadora 2003 S.A., de C.V., y Comercializadora Topacio S.A.