El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentó su iniciativa para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, con el objetivo de institucionalizar la rendición de cuentas y fortalecer el combate a la corrupción a partir de la transparencia.
Miguel Alonso Raya, líder del sol azteca en San Lázaro, explicó que la propuesta enfrentará el conflicto de interés, estableciendo la obligación conjunta de declarar el interés particular, la declaración patrimonial y la declaración de impuestos.
El documento propone que esta acción se aplique a todos los servidores públicos, a fin de inhibir la comisión de delitos como el enriquecimiento ilícito.
El político guanajuatense, acompañado del diputado Fernando Belaunzarán (PRD), afirmó que esta iniciativa recoge propuestas de la sociedad civil, así como las del Partido Acción Nacional (PAN), a fin de lograr legitimidad y combatir de fondo el problema.
De “lo que se trata es de integrar un sistema que tenga el respaldo y la confianza de la sociedad civil, para que tenga la legitimidad que requiere lo que apruebe la Cámara (de Diputados), con la seriedad que se necesita para combatir de fondo la corrupción”, expresó Alonso Raya.
La propuesta contempla nueve puntos esenciales, entre ellos el rediseño institucional en materia de rendición de cuentas, conflicto de interés, extinción de dominio y creación de un verdadero sistema nacional anticorrupción.
También propone implementar un sistema civil de carrera nacional, otorgar mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación, la expedición de una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de un Tribunal de Cuentas de la Federación y mecanismos para atenuar el régimen presidencialista.
“La corrupción y la impunidad que imperan en las instituciones públicas del país, es el más grave problema que se enfrenta, “es una enfermedad terminal del sistema político que se resiste a desaparecer”, dijo el coordinador del sol azteca.
Al referirse al sistema civil de carrera nacional, Belaunzarán Méndez precisó que lo que se busca es evitar que “un empleado sea el que investigue a su jefe”, como –asegura- sucede en todas las dependencias.
Y criticó que en este problema la “médula está que la corrupción en México es sistémica, no sólo sirve para que unos funcionarios se enriquezcan, sino que es una fuente de financiamiento de la política”.
Denuncian opacidad del Senado por leyes de transparencia
Por Ángel Cabrera
El Colectivo por la Transparencia, que aglutina a más de 20 organizaciones civiles, exigió al Senado de la República la inmediata aprobación de las leyes secundarias de Acceso a la Información, Datos Personales y Archivos, claves para echar a andar el Sistema Nacional de Transparencia, producto de las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto.
Además, el colectivo denunció la opacidad que ha mantenido la Cámara Alta para la discusión de las tres leyes en comisiones, lo que genera “desconfianza sobre posibles cambios de último momento al proyecto inicial que representarían retrocesos graves para el derecho de acceso a la información en el país”.
Como parte de su posicionamiento exigieron a la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana hacer “públicos los documentos que haya considerado en la definición del proyecto de dictamen donde consten puntualmente las distintas posiciones presentadas por cada actor que presentó planteamientos al Senado y que se haga público el proceso de dictaminación para su discusión”.
El de diciembre de 2014, el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate presentaron una propuesta de leyes reglamentarias, sin embargo, en el Senado sigue atorada la discusión a pesar de que el pasado siete de febrero concluyó el plazo constitucional para aprobarlas.
Los organismos piden que sus iniciativas sean aprobadas y sólo se eliminen las sanciones a los funcionarios públicos de los organismos garantes que entregan información clasificada y la reserva de información por preservar la estabilidad económica.
Y advirtieron que la “falta de Leyes de Generales imposibilita la armonización de la Constitución con las leyes de los 31 Estados y el Distrito Federal por lo que se impide concretar la aspiración objeto de la reforma constitucional de transparencia aprobada en 2014, de homologar las garantías del derecho de acceso a la información en todo el país”.