Empresas encuestadoras denunciaron que en días pasados personal afiliado a la AMAI y CEDE han sido víctimas de abuso por parte de autoridades y policías del municipio mexiquense de Coacalco de Bellriozabal a través de detenciones arbitrarias.
Señalan que se les exigió el pago de “multas” en efectivo y sin dar el recibo correspondiente por esta sanción, lo cual es contrario a los principios de transparencia y combate a la corrupción.
En un desplegado conjunto la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI) y el Colegio de Especialistas de Demoscopía y Encuestas (CEDE) dan cuenta que su labor ha sido impedida en dicha localidad e incluso se ha impuesto penas máximas a los colaboradores sin antes haberlos amonestado como lo dicta el Bando Municipal, recién publicado en su Gaceta.
“Nos pronunciamos en contra de interpretaciones dolosas de la ley que confunden nuestra actividad legítima de pedir información voluntaria y anónima de las personas vía encuestas, con actividades comerciales o de servicios en la vía pública”.
En el documento que firman Heriberto López, presidente de AMAI y Rodrigo Galván de las Heras, presidente de CEDE, señalan que están dispuestos a proceder legalmente para defender el derecho de ejercer su actividad profesional.
La cual, precisan, “no contraviene a ningún ordenamiento civil o comercial” y da sustento a más de diez mil familias y es posible gracias a la contribución de millones de mexicanos que voluntariamente colaboran con sus puntos de vista, para representar adecuadamente la opinión de la sociedad.