WASHINGTON. El gobernador de Texas, Gregg Abbot, anunció hoy aquí que llevará a la Suprema Corte la acusación de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, extralimitó sus facultades ejecutivas al otorgar un alivio migratorio a millones de indocumentados.
Abbot, del Partido Republicano y quien presentó la demanda original de 26 estados contra las acciones ejecutivas de la Casa Blanca siendo procurador de Texas, sostuvo que llevarán el caso al máximo tribunal porque las acciones del presidente son inconstitucionales.
“No hay duda, esto va a la Suprema Corte de Justicia (…) El presidente ha violado el estado de derecho y ha contradicho la Constitución al inventar la ley migratoria”, dijo en el programa Face The Nation de la cadena CBS.
La semana pasada, el juez de Texas Andrew Hanen dictaminó a favor de los demandantes y puso en suspenso la implementación de las primeras acciones ejecutivas migratorias del presidente, previstas a entrar en vigor el miércoles 18 de febrero.
El fallo tuvo el efecto de posponer el inicio de la versión ampliada del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).
El viernes, la Casa Blanca anunció que apelará mañana el fallo ante la corte del quinto circuito de apelaciones en Nueva Orleans.
Expertos legales coinciden que la corte de apelaciones podría emitir un primer fallo preliminar en las próximas semanas, pero el proceso podría demorar más de un año si eventualmente llegara al máximo tribunal del país.
Abbot dejó en claro que la demanda legal contra el presidente no toca específicamente el tema migratorio, sino la extralimitación de sus facultades ejecutivas para decretar leyes sin el consentimiento del Congreso.
“La demanda lidia con la extralimitación del presidente quien está rechazando guiarse por la Constitución de Estados Unidos y en lugar de dejar que el Congreso establezca la ley migratoria (…) el presidente quiere inventar nuevas leyes migratorias”, refirió.
El gobernador sostuvo que lo que Obama debe hacer es cumplir con su promesa de repatriar “tan pronto como sea posible” a los migrantes indocumentados que cruzan la frontera.
Cuestionado sobre la política que debería seguir Estados Unidos sobre los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, el gobernador de Texas señaló que cualquier decisión le corresponde al Congreso, no al presidente.
Sin embargo, la mayoría republicana del Congreso se ha rehusado a llevar a votación al pleno cualquier iniciativa de corte migratorio, a pesar de que el Senado aprobó el año antepasado una iniciativa de ley de reforma migratoria.
Sobre la acción que debería seguir los republicanos en materia migratoria, el gobernador mencionó que el Congreso debe asegurarse que se cumplan tanto el estado de derecho como la Constitución, pero evitó hablar de propuestas específicas.
En cambio sostuvo que Texas cuenta con su propio plan para fortalecer la frontera sur a través de la adición de más de 500 agentes del Departamento de Seguridad Pública, así como más rangers y más tecnología fronteriza con recursos del estado.