Después de varios meses de discusiones, jaloneos y acusaciones entre los legisladores de los principales partidos políticos, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que sienta las bases para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.
La negociación no fue fácil. Y es que como los “cochupos”, “el moche”, las dádivas y otras prácticas corruptas dejan miles de millones de pesos, no faltaron quienes sugirieron que lo mejor era “democratizar la corrupción” para que “salpicara” a todos. Por fortuna, imperó la cordura y nació el SNA.
Lo más destacado del nuevo sistema, dicen los legisladores, es el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, la creación de la Fiscalía Anticorrupción; la independencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; nuevas facultades a la Secretaría de la Función Pública (nadie sabe por qué los diputados no decidieron cerrar esta institución que sólo ha servido de “tapadera” de los funcionarios corruptos). Define claramente, dicen, las sanciones que se impondrán a servidores públicos y particulares que se hayan enriquecido o se estén enriqueciendo ilícitamente con la corrupción. Y más.
La Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, ya no tendrá que esperar a que concluya el ejercicio fiscal, sino que podrá actuar de inmediato por denuncias de casos graves de corrupción. Podrá también presentar denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción o iniciar procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, según se trate de un delito o de una falta administrativa.
En cuanto al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, más que autonomía -que ya tiene, insisten los expertos- y dotarlo de fuerza suficiente para imponer sanciones por faltas graves, tanto de funcionarios como de particulares, hay que hacerlo eficiente.
Así, junto con la actuación oportuna de la Auditoría Superior de la Federación, esta medida cierra la puerta de escape hacia la impunidad, apuntan los legisladores.
Otro aspecto igualmente trascendental, es que la extinción de dominio se incorpora a la ley para los casos de enriquecimiento ilícito, con esto se da un serio y severo golpe a la corrupción. Así, los bienes mal habidos de funcionarios corruptos se convertirán en propiedad de la nación. ¡Aguas funcionarios!
En donde no le quisieron “hincar el diente” fue en el tema del conflicto de interés, que existe en la Ley de Servidores Públicos (artículo 54), porque, dicen los que saben “está en chino”. Lo único que pusieron fue que los funcionarios estarán obligados a declarar, además de su patrimonio, posibles conflictos de interés.
Las reformas aprobadas ya por la Cámara de Diputados, son contundentes, dicen los promotores.
¡Vamos a ver si es cierto!, reviran los escépticos.
AGENDA PREVIA
Textual: La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) negó la solicitud de medidas cautelares presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), a fin de que medios de comunicación se abstengan de publicar “gacetillas” relacionadas con información de la titular de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga.
En sesión extraordinaria, los integrantes de la Comisión determinaron, a partir de las indagatorias efectuadas, que se trataba de contenido periodístico. Sin embargo, por acuerdo de la Comisión se determinó pedir a la funcionaria federal adoptar las medidas necesarias para que la información que se genere en el ámbito de comunicación social de su dependencia no incluya nombres, voces o símbolos de forma explícita o velada que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social informó que se acata la resolución, en razón del compromiso institucional con el respeto a la ley. La Sedesol impugnará la resolución del Instituto Nacional Electoral mediante el recurso de revisión establecido en el artículo 109 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque lo considera improcedente.
¿O sea?
El día de hoy, el propietario del ingenio Independencia, Juan José Paullada, se reunirá con inversionistas guatemaltecos dueños de los ingenios Pantaleón y Magdalena (quienes hace un lustro adquirieron Zapoapita). Los extranjeros están interesados en comprarle la factoría, ubicada en el estado de Veracruz, a Paullada. La idea de aquellos es procesar azúcar refinada y venderla en el mercado mexicano o exportarla.
La Junta de Gobierno del Banco de México determinó reducir en 80.9 millones de pesos el presupuesto del Instituto Central para 2015 destinado a gasto corriente e inversión física no relacionados con la función de proveer billetes y monedas a la economía. ¡Qué poquito!, exclaman algunos.