Santiago Nieto Castillo, nombrado hace unos días titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), reconoció que existe un rezago histórico de cuatro mil 497 carpetas de investigación sin resolver.
Al participar en un foro organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) con motivo del Día Internacional de la Mujer, el fiscal reveló que la mayoría de averiguaciones previas son por denuncias del llamado “turismo electoral” en estados del centro y sur del país.
“En este momento la fiscalía se encuentra con un rezago muy importante de cuatro mil 497 averiguaciones previas en trámite y mil 296 actas circunstanciadas, la idea es poder avanzar para poder abatir ese importante rezago que encontramos en la procuración de justicia penal electoral”, dijo.
Nieto Castillo consideró que requieren darle celeridad a las diligencias pendientes, “sobre todo para darle certeza a los ciudadanos de que cualquier denuncia que se presente en contra de cualquier persona, partido político va a ser investigada a profundidad y se remitirá a las autoridades competentes”.
De las más de cuatro mil denuncias electorales sin resolver, informó, en 2014 sólo pudieron cerrar 62 averiguaciones previas, por lo cual, “los procesos de consignación en el año 2014 fueron excesivamente bajos, a mi punto de vista, y lo que necesitamos es trabajar para abatir ese rezago”.
Sobre las más de mil 400 actas circunstanciadas, alertó que es “un tema no menor, en virtud de que las actas circunstanciadas pueden convertirse en averiguaciones previas y, por lo tanto, tener un status jurídico superior para ser consignadas ante los juzgadores”.
El titular de la Fepade afirmó que la mayoría de denuncias rezagadas corresponden a “turismo electoral”, lo cual “tiene que ver con domicilios irregulares que detecta el Instituto Nacional Electoral y presenta las denuncias ante la fiscalía especializada, el tema es que se trasladan de un lugar a otro no con la intención de vivir, sino de participar en los procesos electorales”.
De acuerdo con Nieto Castillo, las denuncias por cambios irregulares de domicilio durante procesos electorales están radicadas principalmente en “Quintana Roo, Veracruz, Yucatán, Estado de México, Tamaulipas, existen varios estados que tienen estas características”.
Aunque dijo que su intención es avanzar en el rezago histórico de la fiscalía, “el proceso penal lleva un procedimiento que tiene que ser respetado para poder darle garantías del debido proceso a cada una de las personas que están siendo denunciadas por parte de los partidos políticos y los candidatos”.
Además, “el proceso penal tiene dos objetivos, por un lado abatir la comisión de conductas delictivas, pero por otro lado se trata del respeto a los derechos fundamentales y al debido proceso por parte de las personas que están siendo sometidas”.
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