Este martes será discutido y aprobado el dictamen para crear la Ley General de Aguas, calificada por los diputados de izquierda como un intento de privatizar el recurso hídrico y favorecer su uso a la técnica para extraer gas shale, conocido como fracking.
Sin embargo, legisladores del PRI, PAN, PVEM y Panal, destacan que esta reforma de Ley garantiza una dotación de 50 litros diarios de líquido para cada habitante del país, la nación mantiene su propiedad y lo califica como un asunto de seguridad nacional.
El texto expone que los tres órdenes de gobierno deben “garantizar el derecho a su acceso, disposición y saneamiento tanto para consumo personal y doméstico de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
Expresa, además, emitir concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento de este recurso natural hasta por 60 años, por lo que advierte reglas para otorgarlas, prórrogas, transmisión, derechos y obligaciones de los concesionarios.
“Se reproducen las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales en materia de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales”, detalla el documento; este apartado, incluido en el capítulo sexto, provocó que la semana pasada los diputados del PRD, MC, PT y Morena abandonaran la sesión antes de registrase la votación.
Además, presenta un aparatado para regular el trasvase (pasar el líquido de un lugar a otro), a fin de garantizar el abasto en todo el territorio nacional, independientemente de la temporada climática de la zona del país.
Kamel Athie Flores (PRI), presidente de la comisión de Agua Potable y Saneamiento, expresó que las reservas del dictamen serán discutidas ante el Pleno de la Cámara el mismo martes.
Explicó que será responsabilidad del Estado el garantizar el suministro de agua, al tiempo de subrayar que la Ley General de Aguas define las bases para el uso justo y equitativo de los recursos hidráulicos.
Manuel Huerta (Morena) manifestó que expedir la Ley General de Aguas se trata de “la privatización del sector”; refirió que “si bien la iniciativa se basa en grandes obras, no se dice que todo ello será mediante el pago de los usuarios”.
Mientras que Gerardo Peña Avilés (PAN) advirtió que la Ley resolverá los problemas que hoy tienen los diversos sectores productivos que dependen del uso del agua, por lo que “debemos vigilar su cumplimiento, pues viene a resolver e implementar sistemas de obras de infraestructura mejores”.
“Saldamos una deuda para actualizar el marco normativo de agua en México, para hacerlo más acorde a las nuevas realidades económicas y sociales del país”, enfatizó Roberto Ruíz Moronatti (PRI).
Podría violentar una norma de la OMS
De aprobarse este dictamen mañana se violentaría una norma de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al disminuir la cantidad de agua del que comprometió el Estado mexicano por cada uno de sus habitantes, denunció Manuel Huerta (Morena).
El criterio de la OMS “considera como derecho humano un mínimo de entre 50 y 100 litros de agua por persona al día, a diferencia de los 50 litros a los que se comprometió en el dictamen original de las comisiones unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos”.
Sin embargo, aclaró que hay un agregado (adendum) que se suprimió esa garantía mínima de 50 litros, “sustituyéndola con una expresión genérica de que la autoridad competente garantizará” el derecho al agua con “la dotación del mínimo vital”.