Tras la detención de 14 policías federal en Matamoros, acusados de plagio y extorsión a un empresario de la construcción, la Policía Federal detuvo a siete elementos más.

 

A través un comunicado emitido el domingo por la tarde, la oficina de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado de Tamaulipas detalló la forma de operar de los agentes federales y señaló que uno de los 14 detenidos había quedado en libertad mientras que los otros 13 fueron presentados ante el juez y trasladados a un penal del estado occidental de Nayarit.

 

Los federales acudieron al establecimiento comercial de la víctima “con el argumento de que había personas armadas, por lo que le ordenaron que los acompañara”.

 

“Lo despojaron de su cartera, del teléfono celular y emprendieron la marcha por carretera, hasta que lo bajaron de la unidad para cambiarlo a otra, privándolo de la libertad por varias horas”, continúa el comunicado.

 

El empresario fue abandonado en la carretera y un testigo lo encontró pidiendo ayuda.

 

La Policía Federal, en otro comunicado también del domingo, indicó que a los 13 policías encarcelados se les acusa del “delito de privación ilegal de la libertad y lo que resulte de hechos sucedidos en Matamoros”.

 

Un funcionario de la fiscalía dijo a The Associated Press el sábado pasado que a los agentes también se les investiga por extorsión y que fueron detenidos la noche del jueves pasado cuando se disponían a recibir el dinero que habían exigido a cambio de liberar al empresario.

 

El funcionario, que pidió el anonimato al no estar autorizado para proporcionar información a la prensa, añadió que los federales pedían dos millones de dólares (más de 31 millones de pesos).

 

La familia del empresario denunció los hechos ante el Ejército y la Marina, por lo que las fuerzas militares iniciaron un operativo que culminó con la detención de los agentes.

 

Los policías federales detenidos formaban parte de un grupo que llegó este año a la ciudad de Matamoros, en la frontera con Texas, para apoyar en operativos de seguridad ante la oleada de violencia causada en la zona por células del crimen organizado. Desde febrero, tales enfrenamientos han cobrado la vida de más de 40 personas.