El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó la verdad histórica de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al determinar que no existen elementos suficientes para saber con certeza qué ocurrió con la totalidad de los estudiantes.
En conferencia de prensa para dar a conocer los resultados preliminares de su primera misión en el país (que se llevó a cabo entre el 1 y el 19 de marzo) el GIEI exhortó a la autoridad mexicana a continuar con las acciones de búsqueda y al Poder Judicial a calificar el caso como desaparición forzada, para que el asunto se internacionalice y el delito no prescriba.
“El proceso sigue y mientras esto ocurra no hay que aceptar como única una sola versión”, dijo la abogada colombiana Ángela Buitrago.
“Todavía no tenemos una certeza de qué ha pasado con el conjunto de los 43 normalistas, sigue siendo una demanda fehaciente de los familiares. No tenemos los datos para afirmar que (la investigación) se ha detenido o no pero creemos que el proceso de búsqueda debe continuar”, señaló el psicólogo español Carlos Martín Beristain, representante del equipo de la CIDH.
Los expertos llamaron a atender y proteger de manera urgente a las víctimas y familiares de los estudiantes quienes requieren medicamentos y mecanismos de referencia hacia otros niveles de atención médica, especialmente a los que han permanecido los últimos seis meses en las instalaciones de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa para dedicarse casi exclusivamente a la búsqueda de sus hijos.
De manera específica, la CIDH demandó el agilizar contar con una segunda opinión y evaluación clínica de un neurólogo para Aldo Gutiérrez Solano, el normalista que quedó en coma después de recibir un disparo de un policía municipal de Iguala.
El objetivo de las varias visitas que podría realizar la CIDH a México en un periodo de seis meses, mismos que podrían ser prorrogables si la investigación lo requiere, es evaluar todas las acciones que ha llevado el gobierno federal para localizar a los normalistas y la verificación de que se hayan implementado todos los dispositivos urgentes y protocolos desarrollados para este objetivo.
Hasta el momento no hay una calendarización en específico sobre las misiones en el país, pero la próxima iniciará el 6 de abril.
Para continuar con sus investigaciones, los peritos solicitarán al gobierno mexicano que les permita realizar entrevistas a personal del 27 batallón de infantería de Iguala porque no han declarado todas las personas que pueden tener información sobre el caso y “hay aspectos en los que podemos profundizar”, dijo la abogada colombiana Ángela Buitrago.
Los expertos también consideraron necesario que se articulen medidas técnicas y de confianza para asegurar la legitimidad de los resultados “que deberán incorporarse integralmente al expediente”.
Determinaciones de la CIDH
* Todas las autoridades que tengan información sobre los grupos relacionados con la desaparición de los normalistas, que la entreguen a la PGR.
* Gestionar la obtención de imágenes satelitales de otros países para obtener mayores evidencias.
* Integrar un mapa de fosas actualizado y los casos relacionados con ellas, para realizar nuevas búsquedas de los normalistas.
* Utilizar nuevas tecnologías para identificar perturbaciones en el terreno de Pueblo Viejo, La Parota y otros lugares.
* La PGR deberá concentrar toda la información sobre el caso; actualmente existen varios expedientes.
* Proporcionar a los expertos de la CIDH un expediente digitalizado para poder desarrollar el trabajo de manera más ágil y eficaz.