WASHINGTON. Familiares de desaparecidos en México y organizaciones civiles instaron hoy al Gobierno mexicano a dar una respuesta a los miles de casos de desapariciones forzadas que llevan años sin resolverse en el país y que no han recibido el mismo grado de investigación que el de los 43 normalistas de Iguala, Guerrero.

 

Las denuncias se produjeron durante una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que representantes del Gobierno mexicano respondieron con un reconocimiento del problema de la desaparición forzada en México y la promesa de que el Ejecutivo está trabajando en un proyecto de ley sobre la materia.

 

“México es una tumba, una macrotumba, vivimos entre los muertos“, dijo Leticia Hidalgo Rea, cuyo hijo Roy desapareció en 2011 en el estado de Nuevo León y que mostró a los representantes del Estado en la audiencia, varias fotos de personas desaparecidas.

 

Diana Iris García, cuyo hijo Daniel Cantú fue desaparecido en 2007 en el estado de Coahuila, describió la reacción que provocó el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre pasado en Iguala para muchos que, como ella, llevan años buscando sin éxito a sus familiares.

 

“El caso de Ayotzinapa nos dolió muchísimo, porque significa que nunca buscaron a los nuestros, que nunca hicieron caso de nuestras demandas de (que hubiera) garantías de no repetición”, dijo García.

 

“Creo que ahora hicieron una investigación más científica (en el caso de Ayotzinapa). Y ¿qué pasa con nuestros casos, que tienen más (tiempo), ocho, siete, seis, cinco años? Todos los nuevos protocolos están hechos para una búsqueda inmediata. Y los que tenemos más tiempo, ¿cómo se les va a buscar?”, se preguntó.

 

García aseguró que el Gobierno mexicano “sigue estando en deuda con todos” los familiares de desaparecidos, porque “no hay una búsqueda efectiva” ni una “investigación proactiva” de los múltiples casos que se dan en el país.

 

Igual, un cementerio clandestino de múltiples fosas

 

Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo que el caso de Ayotzinapa “solo constituirá un punto de inflexión en derechos humanos, en la medida en que el Estado esclarezca de una vez y tome acciones para desmantelar la macrodelincuencia o colusión entre los niveles del Gobierno y el crimen organizado“.

 

Rosales añadió que “los alrededores de Iguala solo se explican como un cementerio clandestino donde se han encontrado múltiples fosas. ¿Cuántos cementerios clandestinos más tendremos en otras latitudes del país que no han sido explorados por no contar con la visibilización que ha permitido el caso de Ayotzinapa?”.

 

Hay 23 mil desaparecidos

 

Según datos oficiales, más de 100,000 personas han muerto violentamente en México desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico en 2006 y al menos 23,000 han desaparecido.

 

Las 21 organizaciones que solicitaron la audiencia de hoy denunciaron que actualmente México no cuenta con una política integral para prevenir la desaparición forzada por parte del crimen organizado, y solicitaron una “política integral” sobre la materia.

 

También pidieron que el pleno de la CIDH visite México para “profundizar su trabajo sobre la desaparición forzada” en el país.

 

Al respecto, Noemí Festinher Arias, de la Secretaría de Gobernación, recordó que el pasado mes de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso a expedir leyes para homologar en todo el país los tipos penales de desaparición forzada.

 

“Al mismo tiempo, el Ejecutivo Federal trabaja en una propuesta de Ley General que además incluya elementos en materia de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, registros y bases de datos y atención a víctimas y sus familiares”, sostuvo Festinher.

 

Una de los siete miembros de la CIDH, Rosa María Ortiz, dijo que valora que el Gobierno mexicano actual reconozca que el problema de la desaparición forzada existe, algo que “los Gobiernos anteriores negaban”.

 

Ortiz opinó que el caso de Ayotzinapa ha representado “un punto de inflexión” en el problema, “pero evidentemente mientras no cambien los hechos (desapariciones) habrá siempre un vacío que todavía se precisa llenar”.

 

En una audiencia anterior, la CIDH evaluó la situación de derechos humanos en el estado de Guerrero, donde las organizaciones alegaron que las “graves violaciones” en ese territorio provienen de “la represión y la cultura de impunidad” que se forjó en la zona durante la llamada “guerra sucia” en la década de los 70.  DM