El titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade aseguró que la investigación sobre algunos inmuebles propiedad de funcionarios públicos que han causado polémica últimamente, se realizará a fondo y “tope donde tope”.

 

Así lo afirmó al ser entrevistado en el Hemiciclo a Juárez, luego de la ceremonia conmemorativa del 209 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas.

 

Andrade confirmó lo dicho por el presidente Enrique Peña Nieto, en donde adelantaba que la estructura de la Secretaría de la Función Pública se reducirá, sobre todo en su área central, como parte del rediseño del presupuesto público.

 

Respecto al redimensionamiento del presupuesto, explicó que la Secretaría a su cargo, “ya tenemos áreas detectadas en donde vamos a tener una disminución, no lo adelanto, pero es un hecho que vamos a tener reducción de estructura”.

 

Además, señaló que la Secretaría hará también un análisis en lo que se refiere a la estructura del gobierno federal en su conjunto, para detectar dónde pudieran generarse alternativas para ajustar el presupuesto.

 

Respecto a los señalamientos de que la Secretaría es juez y parte en la revisión del funcionamiento del gobierno, Andrade aclaró que, hoy por hoy, la dependencia a su cargo es la única instancia facultada legalmente para investigar los contratos administrativos del gobierno en turno.

 

Esto, porque la Auditoría Superior de la Federación revisa la Cuenta Pública respecto al pasado y otras instancias, sólo pueden hacerlo por la vía de la denuncia y suponiendo que haya la comisión de delitos, así que la Función Pública es la única con facultades legales.

 

El secretario Andrade también se refirió a las prioridades de su gestión al frente de la SFP. Dijo que se trata de un trabajo en tres dimensiones:

 

Primero, poner en marcha las acciones ejecutivas anunciadas por el presidente para imponer reglas que eviten conflictos e interés y transparenten las contrataciones públicas.

 

Segundo, mantener el control del gobierno, es decir, que a través de las mejores prácticas administrativas se dé un seguimiento oportuno a todo lo que hace el gobierno y todas las acciones queden registradas con puntualidad, limpieza y transparencia.

 

Tercero, estar al tanto de las faltas que pudieran cometer los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos, donde “tenemos distintas situaciones que se irán dando a conocer en la medida que se vayan resolviendo”.