El PRD dejará en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluar si la negativa de una consulta popular en materia energética viola el derecho de los mexicanos a opinar sobre este tema.
Tras agotarse los recursos jurídicos en México, el sol azteca planteará al organismo internacional que realice una investigación imparcial y establezca medidas cautelares que posibiliten revertir las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, así como sus leyes reglamentarias.
La diputada federal Elena Tapia, quien forma parte del grupo de legisladores que viajará a Washington en las semanas siguientes, sostuvo a 24 HORAS que las recomendaciones que pueda dar la CIDH serán un antecedente que salvaguarde los derechos de la población.
“La Comisión Interamericana puede dar una opinión porque están involucrando los derechos de toda la población. Sería un antecedente muy importante porque es una institución muy reconocida y sus recomendaciones son tomadas en cuenta en todo el mundo”, señaló.
Aunque el perredismo propone que el derecho a decidir sobre los recursos energéticos sea reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su petición fue ignorada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en octubre pasado, al negar la posibilidad de realizar una consulta popular.
La comisión de legisladores que viajará, entre ellos la senadora Angélica de la Peña y los diputados federales Luis Sánchez y Agustín Barrios, solicitará que se declare al Estado mexicano como responsable de la violación a diversos derechos humanos y se le recomiende subsanarla.
Entre los planteamientos se pedirá que la CIDH investigue de forma completa, imparcial y efectiva los hechos; que poda la reparación a las violaciones de derechos humanos cometidas y emita medidas cautelares que eviten hechos sucesivos.