La llamada “comida chatarra” no podrá venderse en las escuelas desde nivel básico hasta medio superior, aunque podrán ser vendidos en universidades, ese fue el decreto de un juez federal.

 

Embotelladora del Fuerte dedicada a la venta y distribución de bebidas azucaradas y energéticas, había solicitado un amparo en contra del Congreso de la Unión y otras autoridades que limitaban la venta.

 

Ante ello, el juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en Puebla, Carlos Alfredo Soto Morales resolvió de manera negativa al amparo 1/2015.

 

Como parte de su sentencia, estableció que la empresa quejosa carecía de interés legítimo para defender a los consumidores, en este caso a los alumnos menores de edad de las escuelas del sistema educativo a nivel nacional, puesto que no existe un vínculo entre la agraviada y los derechos de los estudiantes.

 

Asimismo, determinó que es constitucional establecer restricciones en la venta, distribución y expendio de algunos alimentos preparados en escuelas de los niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria y media superior, ya que la mayoría de los estudiantes son menores de edad y, por tanto tiene protección especial del Estado mexicano, atendiendo al interés superior del niño.

 

Por otra parte, Soto Morales consideró que era inconstitucional la prohibición de vender alimentos y bebidas en las instalaciones de educación superior, universidades, ya que gran parte de los asistentes son mayores de edad, que no necesitan una tutela especial.

 

Sobre todo, si los refrescos con gas y sin gas, tés, jugos, néctares y bebidas energizantes se pueden adquirir libremente en tiendas de autoservicio, mercados, tianguis, vía pública, entre otros puntos.

 

Por ello, prohibir la venta de este tipo de alimentos a adultos, por el simple hecho de encontrarse dentro de una universidad, viola la libertad de trabajo y comercio tutelada por la Constitución Federal.

 

El 11 de septiembre de 2013, dentro de lo que se conoció como la “reforma educativa”, se adicionó el artículo 24 bis de la Ley General de Educación que ordena que la Secretaría de Educación Pública (SEP) podrá establecer los lineamientos y prohibiciones para el expendio y distribución de alimentos en las instituciones educativas del país.

 

El 16 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo emitido por los titulares de la SEP y la Secretaría de Salud (SSA) por el que se prohibió que en los planteles escolares se vendieran alimentos con alto contenido de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio que no cumplieran con los criterios nutrimentales de dicha disposición.

 

La Embotelladora del Fuerte promovió el juicio de amparo 1/2015 a nombre de los consumidores, en éste caso los menores de edad, con ello, pretendió omitir dicha restricción, y seguir distribuyendo los productos en las escuelas de preescolar, primarias, secundarias y preparatorias, argumentando el derecho de los consumidores.

 

Sin embargo el juez consideró que dicha empresa carece de la personalidad jurídica y moral para interponer un juicio sobre todo a nombre de los menores de edad que necesitan de una tutela y salvaguarda de sus derechos.

 

Así carece de interés legítimo, pues no fue nombrado por ninguno de los padres de familia supuestamente afectados por la restricción para representarlos legalmente ante un juzgado, y tampoco es una organización civil dedicada la defensa de los consumidores.

 

Aunque le concedió el amparo a la agraviada, para el efecto de que se le permita vender sus productos en universidades, siempre y cuando éstas no compartan aulas o instalaciones comunes a las que asistan estudiantes de grados inferiores.

 

 

Cuestionan políticas contra obesidad infantil

 

Desde el lanzamiento del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria en 2010, hasta la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes en 2013, organizaciones civiles han cuestionado la efectividad y avance de las medidas del gobierno federal para reducir los índices de obesidad y sobrepeso que alcanzan a por lo menos 70% de la población mexicana.

 

La crítica principal es que estas estrategias han resultado o insuficientes o se han diseñado de la mano de las empresas refresqueras y productoras de alimentos chatarra. Organizaciones como “El poder del consumidor” acusan que las estrategias no son lo suficientemente estrictas.

 

Por ejemplo, la restricción de los horarios para publicitar comida chatarra en el cine y la televisión y el etiquetado de los alimentos, dos de los puntos más importantes de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que lanzó el presidente Enrique Peña Nieto.

 

De acuerdo con el documento publicado en septiembre de 2013, “los estándares fijados por la Secretaría de Salud serán concordantes con las mejores prácticas internacionales, en este sentido la propuesta es utilizar los criterios hoy aceptados por el ‘Pledge’ de la Unión Europea adaptándolos a la realidad de los hábitos de consumo de la población mexicana”.

 

El Pledge de la Unión Europea es un documento que firmaron compañías como Coca-Cola, PepsiCo, Danone, Unilever y Kellog en el cual se comprometen a promocionar entre los niños sólo productos que cumplan ciertos criterios nutricionales; estos criterios estuvieron basados en los análisis y estudios de sus propios científicos.

 

El esfuerzo presupuestal tampoco ha sido suficiente. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 no se incluyeron más esfuerzos presupuestarios para la prevención del sobrepeso y la obesidad y en tres años, el recurso asignado a este rubro sólo subió 2.7 puntos porcentuales.

 

En su reporte encontró también que los programas para el combate a la obesidad y a la diabetes mellitus resultaron deficientes, inadecuados y no se supervisó adecuadamente su funcionamiento.

 

En tanto al presupuesto asignado para 2015, a pesar de que este año se previó recaudar el doble de lo obtenido en 2014 en impuestos por comida chatarra y bebidas azucaradas, el gobierno federal disminuyó a la mitad el dinero asignado a combatir la obesidad y los padecimientos relacionados con ella.

 

Ello además del recorte de dos mil millones de pesos en el presupuesto que desde 2013 se había anunciado que se invertiría para la construcción y operación de bebederos escolares.

 

El “pero” de la expulsión de la comida chatarra de las escuelas 

 

El director de la Fundación Mídete Luis Manuel Encarnación opinó que si bien el acuerdo entre las secretarías de Salud y Educación para sacar la comida chatarra de las escuelas públicas ha sido la estrategia más agresiva del gobierno federal para combatir la obesidad infantil, una de sus más grandes fallas ha sido la implementación del modelo pues aún muchos directores y profesores la desconocen.

 

De acuerdo con el especialista, el siguiente paso deberá ser prohibir la publicidad de refrescos y botanas en las escuelas, la cual se cubre a partir de la construcción de infraestructura educativa como canchas deportivas.

 

Después seguirá regular la venta de comida chatarra afuera de las escuelas, ámbito en el cual deberán comprometerse los gobiernos municipales y estatales.