El primer informe del nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, en la casa presidencial de Los Pinos resultó un parto de los montes: lució lo que no hizo y justificó lo que no ha hecho.
El tema candente que más esperaba -la crisis en Iguala por el secuestro, asesinato e incineración de 43 estudiantes normalistas- quedó reducido a tres párrafos informativos en un reporte de 932 páginas.
Y la autonomía de la CNDH hasta del Estado -como lo declaró el propio ombudsman- quedó subordinada al Poder Ejecutivo federal que en los hechos no es su jefe y el papel activo de la Comisión -con reformas que le dieron dientes– se redujo a la súplica al gobierno federal y a los gobiernos estatales para que por favor entreguen información solicitada y que por favor cumplan las recomendaciones; es decir, que por favor desempeñen su obligación.
Y si el informe de González Pérez parecía una queja más ante la CNDH por la autovictimización del funcionario, el propio presidente Peña Nieto desautorizó a González Pérez cuando le contestó que todas las recomendaciones de la CNDH al gobierno federal se han acatado.
La expectativa sobre el informe y el posicionamiento del ombudsman eran esperadas por el clima de protesta nacional e internacional en torno a los derechos humanos y las presiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y grupos nacionales.
Impuesto por la alianza PRI-PAN en Senado y por un juego de poder de la UNAM -el hijo del rector José Narro Robles, Joaquín Narro, alcanzó chamba como secretario técnico del consejo consultivo de la CNDH-, las posibilidades de González Pérez en la CNDH estaban sustentadas en la capacidad de fijar en su primer informe una agenda de reformas y un discurso enérgico contra el Estado violador. Sin embargo, resultó complaciente.
El reporte, por ejemplo, exalta el número de autoridades “presuntamente responsables” de violaciones, pero los casos se desinflan por las recomendaciones reales. Por ejemplo, es significativo que la CNDH haya registrado 642 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional pero que el resultado haya sido sólo una recomendación, lo que quiere decir que las quejas son infladas en el debate político.
La súplica del ombudsman al Presidente de la República y a los gobernadores para atender solicitudes de la CNDH mostró la debilidad institucional de la Comisión pero también la fragilidad del titular ante los abusos de poder. El discurso de González Pérez dejó el ambiente de que la Comisión carece de fuerza, ímpetu y robustez ante el poder, pero en una situación política en la que las exigencias de derechos se hacen a través de la violencia.
Peor aún, González Pérez se refirió a “esta apertura y compromiso del Estado mexicano, digno de todo reconocimiento”, cuando las quejas en las calles por la violación a los derechos humanos son gritos que se escuchan en el extranjero. Se esperaba una crítica a la lentitud del gobierno federal en leyes contra la desaparición forzada, la información genética, la protección de migrante y hasta un reclamo fuerte contra el legislativo por posponer el debate de iniciativas sobre seguridad que tienen que ver con los abusos de fuerza de las instituciones.
Pero todos se quedaron esperando a una CNDH enérgica y refrescada y se encontraron con una Comisión más burocratizada que en el pasado, sin enfoques novedosos y aún más subordinada a los poderes institucionales a los que tiene que someter al imperio de la ley y al respeto a los derechos humanos. Al final del informe quedó la certeza de que la CNDH sigue subordinada al poder institucional y los ciudadanos seguirán esperando un organismo que los proteja de los abusos del poder.