El gobierno municipal de Iguala pelea en los juzgados la liberación de unos 71 millones de pesos, recursos federales del Ramo 33, que no pueden ser utilizados pues las 26 cuentas en las que se encuentran fueron congeladas por las autoridades federales al vincularlas con el ex alcalde José Luis Abarca Velázquez.
El dinero proviene, de acuerdo con el síndico procurador de Iguala, Mario Castrejón, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF), lo que representa71 millones 668 mil 526 pesos, de acuerdo a un documento del gobierno de Guerrero del que este diario tiene copia.
Para Iguala de la Independencia se contempló un presupuesto de poco más de 351 millones de pesos para 2014, lo que significa que el dinero de las cuentas congeladas representa alrededor del 20%.
Para intentar recuperar el dinero destinado principalmente a programas sociales, el Ayuntamiento solicitó amparo, sin embargo la semana pasada se informó que el juicio contra acciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional Bancaria y Valores fue desechado (sobreseído).
El juicio de amparo se presentó en contra del procurador de la República, a quien señaló como responsable de ordenar y solicitar el congelamiento de las cuentas bancarias del Cabildo, luego de las investigaciones contra Abarca Velázquez por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y por sus posibles vínculos con la organización de narcotraficantes Guerreros Unidos.
En entrevista telefónica, el síndico Mario Castrejón Mota aseguró que el dinero de dichas cuentas es procedente de los recursos federales del Ramo 33, y no están relacionadas con algún tipo de actividad ilícita.
“Metimos el recurso jurídico para decirle a la PGR que en esas cuentas no hay ningún tipo de dinero con presunción de lavado de dinero o algo parecido, es decir, que fuera dinero mal habido lo que hemos dicho es que en esas cuentas está el dinero del ramo 33, del Fortamun, es decir, son alrededor de 50 millones de pesos que están destinados para proyectos sociales, principalmente, para la gente más necesitada, ese dinero no se está aplicando en ello”, dijo el funcionario.
Aunque cotejando el documento, 24 HORAS confirmó que los recursos son superiores a 71 millones de pesos.
Castrejón explicó que dichas cuentas fueron abiertas a nombre de José Luis Abarca Velázquez porque entonces era el presidente municipal de Iguala, pero los recursos son presupuesto del Ayuntamiento.
“Son estas y otras cuentas más del municipio y no se pueden utilizar porque están a nombre de José Luis Abarca Velázquez y piensan que son cuentas en las que pueda haber recurso mal habido y no es así. Las cuentas están a nombre de José Luis Abarca Velázquez porque era el Presidente municipal, simple y llanamente, son cuentas mancomunadas con el síndico administrativo y el síndico procurador, no son cuentas de José Luis Abarca Velázquez como persona física, sino como persona moral, como presidente municipal de Iguala de la Independencia”, aclaró el funcionario.
Las autoridades municipales imputaron a la CNBV, al titular de la Dirección General Adjunta de Atención de la CNBV y al banco donde se abrieron las cuentas, del que se reservaron la razón social, el haber ejecutado el mandato del titular de la PGR.
El principal argumento del Juez Octavo de Distrito de Amparo para sobreseer la demanda 30/2015 presentada el 16 de enero, es que el procurador negó los hechos que se le imputaban, y así lo refirió en su informe justificado requerido por el Poder Judicial.
El acto reclamado existe, pero la orden de congelar las cuentas bancarias no la dio el ahora ex procurador, Jesús Murillo Karam, si no el titular de la Unidad Especializada en Investigaciones de Delitos en Materia de Secuestro, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia, de la Procuraduría General de la República, se especificó.
“Consecuentemente, si el quejoso no señaló como autoridad responsable a la autoridad ordenadora a pesar de que se le dio vista con su intervención, es manifiesto que los actos desplegados por la misma no pueden analizarse en este juicio, porque…, el señalamiento de las autoridades responsables y actos reclamados corre a cargo de la parte quejosa y no del Juez de Distrito”.
Y aunque se le advirtió al Ayuntamiento a través de las notificaciones oficiales que el procurador había negado los hechos, pero que la CNBV los había reconocido, pero por orden de la Unidad de Secuestros de la PGR, el municipio no hizo valer su derecho de ampliar su demanda en el tiempo que marca la ley.
“Por tanto, es manifiesto que no es posible analizar en este juicio el acto consistente en la orden de inmovilización de los recursos económicos de las supracitadas cuentas bancarias, emitida por el Titular de la Unidad…de Secuestro…, porque no fue señalada esta autoridad como responsable a pesar de que se dio vista a la parte quejosa para que lo hiciera”, argumentó el juez de amparo.
A su vez la CNBV aceptó el congelamiento de las cuentas, pero negó que la orden haya procedido del titular de la PGR, por ello tampoco se le pudo imputar la responsabilidad del acto reclamado.
“…tampoco puede analizarse la constitucionalidad de los actos reclamados a las autoridades responsables (CNBV)…así como a la institución financiera…, en su carácter de ejecutoras, toda vez que los actos de ejecución reclamados son una consecuencia de la orden librada por el titular de la Unidad Especializada…de Secuestro, quien no fue señalado como responsable…”
Con base en la sentencia del Juez Octavo se da a conocer un listado con incisos de la letra a hasta la z por la cual se hace referencia a las cuentas embargadas al municipio mientras duran las investigaciones por la desaparición de los normalistas.
Se enfrentan normalistas con policías
Vehículos calcinados, el mobiliario de las oficinas de Protección Civil de Tixtla dañado y al menos un civil y un policía heridos, fue el saldo que dejaron los enfrentamientos de este sábado entre supuestos normalistas y la Policía Estatal de Guerrero.
Mientras que un grupo de presuntos alumnos de la escuela normal rural, Raúl Isidro Burgos, fue señalado como responsable de la quema de una patrulla, una ambulancia y de retener a cinco elementos de la comandancia de la Policía Municipal de Tixtla, agentes estatales atacaron un autobús en el que iban estudiantes de la misma normal.
El enfrentamiento ocurrió la tarde del sábado pasado, en la carretera Plan de Liebres-Zumpango a la altura de Tierras Prietas, Chilpancingo. Cuando llegaron los agentes estatales, la mayoría de los alumnos logró desplegarse de la zona y se organizó para acudir a la comandancia de Tixtla.
La Agencia de Noticias Guerrero dio a conocer un video donde se ve el momento en que alrededor de 50 policías estatales atacan un autobús en el que al parecer iban los estudiantes, incluso se observa cómo uno de los jóvenes es empujado y pateado en el piso por los uniformados.
Más tarde, los estudiantes atacaron la comandancia de Tixtla, donde también están las instalaciones de Protección Civil, y quemaron vehículos oficiales, rompieron vidrios y destruyeron parte del mobiliario. Dos normalistas fueron detenidos y liberados dos horas después.
Más tarde, el gobernador Rogelio Ortega declaró que se sobredimensiona la amenaza de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa de impedir las elecciones del 7 de junio.