El 15 de abril próximo se llevará a cabo en la Cámara de Senadores un foro para analizar los impactos ambientales y la transparencia en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

 

Los legisladores Víctor Hermosillo y Celada, y Silvia Garza Galván, de Acción Nacional; Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo, y Alejandro Encinas Rodríguez, convocaron a este encuentro que tendrá lugar en las salas 2, 3 y 4 de la Torre de Comisiones.

 

Señalaron que la construcción de la nueva terminal aérea afectaría a especies de aves sujetas a protección especial y que el crecimiento urbano desordenado de la zona oriente de la ciudad representa una amenaza para cualquier proyecto, ya que la Zona Federal del Lago de Texcoco quedaría rodeada de urbanizaciones.

 

Además, expusieron en un comunicado, que diversas organizaciones civiles y especialistas en temas ambientales han señalado que a pesar de estar muy degradado el lago, recibe escurrimientos importantes en temporada de lluvias, razón por la que mantiene su naturaleza como “depósito natural de aguas nacionales”.

 

Se prevé que en la mesa de análisis sobre los impactos ambientales de la construcción del NAICM, participarán José Luis Luege Tamargo, ex director de la Comisión Nacional del Agua; Salvador Muñúzuri Hernández, del Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales.

 

Además, está programada la participación de Margarita Campuzano, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Adriana de Almeida Lobo, del Centro de Transporte Sustentable EMBARQ México; Roberto Eibenschutz, de la Universidad Autónoma Metropolitana; y Francisco Ahumada y Giovanni Ayala, del Instituto Politécnico Nacional.

 

En el tema de la transparencia estará Ramón García Verver y Vargas, controlador de tránsito aéreo en retiro; Miguel Ángel Valero, del Colegio de Pilotos; Juan Pardinas Carpizo, del Instituto Mexicano para la Competitividad; Mariana Campos, de México Evalúa; y Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana.

 

En dicha mesa, se analizará el posible conflicto de interés relacionado con la contratación de la empresa estadounidense Parsons International para hacerse cargo de la gerencia del proyecto, pues fue una adjudicación directa que supera los montos permitidos en la legislación, con el argumento de tratarse de cuestiones propias de seguridad nacional.