De manera íntegra la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen de minuta que emitió el Senado que expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el documento fue turnado al Ejecutivo federal para su promulgación.
Los diputados avalaron el documento en lo general por 385 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. Durante la discusión en lo particular se rechazaron las reservas a 36 artículos, presentadas por el PAN, PRD, MC, PT y PANAL, y finalmente se avaló por 264 votos a favor, 68 en contra y una abstención.
Con esta modificaciones constitucionales se establecen principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.
Así como de “órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios”.
El documento surge de una iniciativa presentada el 2 de diciembre pasado, por los senadores Arely Gómez González (PRI), Laura Rojas Hernández (PAN) y Alejandro Encinas Rodríguez (PRD).
El presidente de esa comisión, Abel Octavio Salgado Peña (PRI), fundamentó el dictamen y aseguró que esa ley abonará en la reivindicación de otros derechos y obligaciones, como la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
PRI asegura que reinvindicará derechos
La nueva abonará en la reivindicación de otros derechos y obligaciones, como la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, afirmó el presidente de la comisión de Gobernación, Abel Octavio Salgado Peña.
El legislador del PRI afirmó que la transparencia es un requisito previo para que se lleve el debate público informado, por lo que, agregó, se materializará el mayor avance con relación al derecho humano al acceso a la información.
Esta ley reglamenta el artículo sexto de la Constitución, con el objeto de “establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.
También de “órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios”.
Salgado Peña expuso que la elaboración de esta propuesta ha implicado meses de trabajo por parte de legisladores de ambas cámaras, quienes han escuchado a la sociedad civil, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y los órganos garantes de este derecho.
Subrayó que se va a crear un Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos y la Plataforma Nacional de Transparencia, con el fin de que no haya más opacidad en el uso de los recursos públicos.
“El derecho a la información pública no es ninguna concesión, es una demanda ciudadana por años. Es de ellos, de los ciudadanos, esta propuesta, y por ello nadie tiene el derecho de usar la transparencia como bandera política”, dijo. DM