Ante la incertidumbre que haya alguna orden judicial pendiente en contra del líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, su defensa presentó un nuevo amparo para descartar cualquier pretensión de las autoridades para privarlo de su libertad.

 

Se trata del juicio 513/2015 presentado ante el Juzgado Cuarto de Amparo Penal con sede en Jalisco, donde reclama cualquier tipo de acto privativo de la libertad “orden de aprehensión, arraigo, comparecencia y su ejecución”.

 

En septiembre pasado, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito le concedió el amparo contra la única orden de aprehensión ordenada por el Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal, por el delito de desvió de recursos por 55 millones de dólares.

 

A ocho años, ocho meses en el exilio por 11 órdenes de aprehensión en su contra, de las cuales ya no queda ninguna como afirmó su defensa, Gómez Urrutia no se decide a regresar a México, y no quiere correr ningún riesgo, por ello, tramitó otra demanda de amparo.

 

El actual juicio de garantías fue presentado el pasado 15 de abril, y por el cual se le concedió la suspensión provisional, y se le impuso una garantía de 50 mil pesos, también se citó a las partes para el próximo 13 de mayo a las 09:35 horas para la audiencia constitucional.

 

Cabe destacar que el juez pidió a las autoridades emplazadas por la defensa de Gómez Urrutia que por la celeridad procesal deberían entregar sus informes justificados en un plazo de cinco días, y no en 15 como comúnmente sucede, de lo contrario se les impondrá una multa.

 

“Se tiene por recibida demanda de amparo… Se admite la demanda de derechos fundamentales… Por celeridad procesal se les solicita rindan el informe justificado dentro del término de cinco días.. De no hacerlo se les impondrá multa…” dice la notificación judicial.

 

En noviembre pasado, el quejosos presentó el juicio 1145/2014 ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo Penal el pasado en contra de “la abstención de realizar gestiones necesarias para cancelar la ficha roja, alerta, noticia o difusión roja del quejoso”, lo cual según sus abogados sólo fue una estrategia legal para verificar que ya no haya ningún ordenamiento en contra de su cliente.

 

Previamente presentó otra demanda la 767/2014 ante el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo Penal, en contra de cualquier orden de aprehensión girada por autoridades capitalinas, la cual se sobreseyó, al no haber ningún acto en su contra.

 

Entre los años 2006 y 2014 Gómez Urrutia llegó a acumular 11 ordenamientos judiciales a nivel local y federal, por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, fraude, desvío de recursos, lavado de dinero, tráfico de influencias, abuso de confianza, falsificación de documentos oficiales.

 

Así como 200 denuncias en su contra presentadas por autoridades de los estados de Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí; Sonora, Michoacán y Chihuahua.

 

En el 2006 se emitió una ficha roja de la Interpol, la cual estuvo vigente hasta el 2012, pero se canceló por dos recursos que promovió la defensa en Lyon Francia para solicitar la remoción y cancelación tarjeta , toda vez que estaba sustentaba tres órdenes de aprehensión, que ya habían sido objeto de juicios, que concluyeron con sentencias absolutorias.