El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales implementó el Consejo de Certificación en la Sede Judicial previsto en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias como parte de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal.

 

Aguilar Morales recordó que el trabajo del Consejo de Certificación será determinante para el cumplimiento de los principios de voluntariedad; información; confidencialidad; flexibilidad; simplicidad; imparcialidad; equidad y honestidad, que son los ejes rectores de los mecanismos alternativos.

 

Explicó que de ello dependerá que los facilitadores cumplan con sus obligaciones, como las de respetar los derechos humanos; actuar con prontitud, profesionalismo, eficacia y transparencia; cuidar los derechos de terceros como menores y personas con discapacidad al aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias penales y asegurarse que los acuerdos a los que lleguen los intervinientes sean apegados a la legalidad, entre otros.

 

“Sin duda, en la consolidación de la reforma penal y en un mayor acceso a la justicia pronta, completa e imparcial que es un imperativo de la Constitución y que debe ser una vivencia cotidiana para nuestra sociedad”, dijo el presidente de la SCJN.

 

El Consejo de Certificación, se conformará por el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los 26 estados que cuentan con un órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

 

La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, ordena al Consejo de Certificación establecer los criterios mínimos para las capacitaciones orientadas a cubrir los requisitos de certificación o renovación de la misma, de acuerdo a los estándares establecidos en la propia normatividad; determine las normas y procedimientos técnicos para la evaluación y certificación de los facilitadores; y establecer los lineamientos para la construcción de las bases de datos a las que se refiere el precepto nacional.

 

Por su parte, el magistrado presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, dijo que se pretenden instalar un sistema que se funde más en los jueces y en la ley, regido por la fuerza de la razón y no por el peso de la fuerza; y que ponga a disposición de los ciudadanos los mecanismos alternativos de solución de sus controversias, para que participen directamente en la construcción de la solución al conflicto que les afecte.