Ayer los editores de El Universal se atrevieron a dejar por un momento los dimes y diretes de la cúpula política del país para encabezar su edición con un tema que importa a millones de mexicanos. “Se dispara el costo de tarjeta de crédito”, se leía en la nota principal del diario que encabeza Roberto Rock.
Digo que esto le importa a millones de mexicanos porque hay 24.7 millones de tarjetas de crédito activas que responden a 12.3 millones de contratos, una cifra cercana al número de personas que poseen tarjetas de crédito en México. Y en cuanto a las tarjetas de débito, existen 85.6 millones de ellas con 41.2 millones de contratos firmados con los bancos que operan en el país.
Entonces el tema es relevante para millones de ciudadanos porque para un amplio sector de las clases medias es un medio de pago significativo y, para el 80% de quienes poseen estos plásticos, también representa disponibilidad de crédito bancario. De allí que importen, y mucho, las reglas, condiciones y cultura para su uso tanto por parte de los bancos y empresas emisoras, como de quienes deciden contratar una línea de crédito vía la utilización de estos plásticos.
El costo del uso del crédito vía estas tarjetas es, en general, elevado y en no pocos casos, abusivo. Si el diccionario de la lengua española define a la usura como “la práctica que consiste en cobrar un interés excesivamente alto por un préstamo”, entonces una buena cantidad de estos créditos bancarios son usureros.
Más de tres cuartas partes (77%) del total de las tarjetas de crédito vigentes en México corresponden a las llamadas tarjetas ‘clásicas’, o sus equivalentes, que tienen un costo anual total, CAT, para los clientes que decide usar su línea de crédito que va de 32.1% a 93.8%. Tarjetas de Wal-Mart, GlobalCard, Bancoppel e Invex tienen un CAT superior a 70% y cercano a 100%; mientras que tarjetas de American Express, HSBC, Banamex o BBVA-Bancomer se encuentran en rangos que van del 40% al 60% en su costo anual total.
¿Qué justifica este nivel de tasas de interés, de comisiones y costos asociados para clientes que, según lo explica el propio reporte del Banco de México, “no se encuentran atrasados o en mora y que registran un saldo positivo”, es decir que son ‘buenos clientes’ de la banca aunque con líneas de crédito pequeñas?
¿Qué justifica este nivel de tasas de interés en momentos en que éstas se encuentran en niveles históricamente bajos en el mundo mientras que en México la tasa de fondeo de recursos prestables es cercana a 4% y con un marco macroeconómico estable que tanto ensalzan las áreas de análisis de los propios bancos?
¿Qué factores están detrás de esta alza generalizada de tasas y de comisiones bancarias (¿acaso la autoridad deberá investigar sobre un presunto ‘acuerdo’ de mercado?) que encarecen el crédito disponible a niveles francamente usureros?
¿Acaso los riesgos de estos créditos al consumo justifican el nivel de tasas que han impuesto algunos bancos a sus clientes? ¿Cuáles son los límites en un mercado con fuertes asimetrías de información y con una baja movilidad de clientes?
Las respuestas urgen porque este tipo de ‘comportamiento’ del mercado solo alienta la tentación legislativa de regular las tasas de interés en una coyuntura política especialmente sensible a las prácticas populistas.
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