Siguen los reclamos por la falta de pago a personas y empresas que prestaron servicios para los Juegos Centroamericanos del año pasado en Veracruz. Los ejemplos abundan: Una empresa de autobuses exige 21.4 millones de pesos; una productora de televisión, 11.9 mdp, y a los trabajadores les adeudan siete mdp. El problema son los oídos sordos de la autoridad, a pesar de que en uno de los casos ya está en manos de un juez. La falta de respuestas se debe a que por la Secretaría de Finanzas han pasado seis titulares, incluido el actual, Antonio Gómez Pelegrín, quien tampoco ha explicado por qué la deuda pública de la entidad ya alcanzó los 40 mil mdp.
Ayer dábamos cuenta en este espacio del resbalón verbal del diputado Heriberto Galindo Quiñones, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, cuando explicaba por qué se dio a puerta cerrada la reunión con el nuevo subsecretario del ramo de la Segob, Roberto Campa Cifrián. A esta redacción llegó una carta del legislador priista en la que asegura que reconoce el interés de la sociedad en la discusión de la protección de las garantías individuales, y aclara que la charla con el funcionario fue privada porque fue su primer encuentro con el Poder Legislativo. Afirma, también, que los asuntos a tratar en la mesa de trabajo referida eran de interés de las y los diputados.
En el PRD fue un trago muy amargo que se pospusiera en la Cámara de Diputados la discusión y eventual aprobación de la reforma política para la Ciudad de México. Nos cuentan que los coordinadores parlamentarios en el Senado, Miguel Barbosa, y en San Lázaro, Miguel Alonso Raya, hicieron sendos corajes por el argumento del PAN de no aprobar una ley que no se ha discutido profundamente, cuando las negociaciones tienen al menos tres años. El sol azteca presionará para que se dé salida al tema en un periodo extraordinario, pero la intención de otras fuerzas políticas es posponer la discusión hasta la próxima legislatura, es decir, hasta después de las elecciones.
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