La agrupación Taxistas Organizados de la Ciudad de México manifestó su desacuerdo por la eventual regularización del servicio Uber por parte de las autoridades locales.

 

Además, calificó como “piratas” a este tipo de servicios, por lo que solicitó que la Ley de Movilidad de la capital del país no esté sujeta a intereses políticos.

 

En conferencia de prensa, representantes de la organización reiteraron su rechazo a la incorporación de Uber como parte de los servicios de transporte de la Ciudad de México, por lo que exigieron a la Secretaria de Movilidad (Semovi), al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se apeguen a la ley.

 

“Esas instancias deben aplicar las leyes vigentes en la capital para sancionar a las 30 mil unidades piratas con cromática y placas particulares, así como a los servicios irregulares de Uber y Cabify, que sin tener concesión ofrecen un servicio ilegal de transporte”, puntualizaron.

 

En nombre de los taxistas, Ignacio Rodríguez, Daniel Medina, Francisco Cornejo y José Luis Ramírez, dijeron que su exigencia está respalda por los artículos 262 y 264 de la Ley de Movilidad recién aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

 

Anticiparon que incluso acudirán a tribunales mayores para impedir la inclusión de los ilegales.

 

Al respecto, Ignacio Rodríguez opinó que “no es una ocurrencia nuestra, estamos pidiendo la aplicación de una ley aprobada, discutida y avalada por la ALDF”.

 

En ese sentido, abundó que la agrupación mantendrá la estrategia jurídica que iniciaron desde el año pasado en contra de las autoridades capitalinas y de los múltiples servicios piratas que circulan por la ciudad, protegidos y solapados.

 

Los taxistas señalaron que ellos cumplen con una larga lista de trámites y pagos para ofrecer un servicio legalizado, lo cual les cuesta más de 25 mil pesos anuales.

 

“Entre cobros a las concesiones, seguros y trámites oficiales, se suman también cientos de horas en espera frente a las dependencias locales para acreditar todos los requisitos mínimos y así brindar el servicio de transportación y la concesión que tiene un costo en el mercado de 80 mil pesos”, dijeron.

 

En cambio, sostuvieron que Uber circula libremente sin pagar ni realizar ninguno de estos trámites; son ganancias millonarias que al año se van a la cuenta de estas empresas ilegales, precisó Francisco Cornejo.

 

De igual forma, Daniel Medina anticipó que el próximo miércoles 6 de mayo sostendrán una reunión en la Procuraduría General de Justicia con representantes del Invea y del Gobierno del Distrito Federal, como parte del proceso jurídico iniciado contra las autoridades locales y los servicios piratas.

 

En cuanto a la posibilidad de que se otorguen nuevas concesiones, los taxistas recordaron que con 140 mil concesiones vigentes y legales la Ciudad de México se mantiene como la capital con más taxis en el mundo.

 

Por ello, reiteraron su rechazo a que las autoridades locales pretendan abrir la puerta a los servicios irregulares mediante una declaratoria de necesidad.