LIMA. El Gobierno de Perú anunció hoy que ha suspendido las conversaciones con la minera Southern Cooper y exigió que Germán Larrea, dueño de la empresa de la que es filial, Grupo México, llegue a Lima para explicar las denuncias de que recibieron peticiones de pagos de líderes opositores al proyecto Tía María.

 

La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, señaló que el Ejecutivo espera que Southern aclare su responsabilidad en el presunto ofrecimiento de dinero al dirigente Pepe Julio Gutiérrez como condición para levantar la protesta en la provincia de Islay, en la región Arequipa, según un comunicado del ministerio de Energía y Minas.

 

 

 

 

“Se han suspendido las conversaciones con la empresa Southern a raíz de los audios que fueron propalados la semana pasada. Esos audios podrían indicar un nivel de comisión de delito por parte de la empresa. En esa línea, lo que he pedido básicamente es que el dueño de la empresa, el señor Larrea, venga a Lima a aclarar este tema. Estoy a la espera de esa confirmación”, declaró.

 

El canal peruano Willax TV difundió el jueves pasado un audio en en el que el presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, presuntamente encarga a un abogado pedir a la minera una compensación económica a cambio de abandonar la protesta, en la que se han registrado incidentes que han dejado tres muertes.

 

La filial en Perú del Grupo México lamentó el lunes que esa “incorrecta acción fue ocasionada por terceros ajenos a la organización” y reiteró su compromiso con el cumplimiento de la legislación peruana y su código de conducta ética, sobre el que destacó los valores de honestidad, justicia e integridad.

 

La ministra Ortiz agregó hoy, sin embargo, que el Gobierno peruano puede iniciar acciones legales contra Southern si se encuentran indicios de encubrimiento y dijo que se ha encargado al Ministerio de Justicia que investigue el caso.

 

“Lo que en principio se está evaluando es la posibilidad de un encubrimiento, por parte de la empresa, de este hecho delictivo que sería la extorsión, el dirigente que por un lado extorsiona a la empresa y, por el otro, la empresa que no denuncia ante la autoridad”, enfatizó.

 

Ortiz dijo que el Gobierno también espera la designación de “interlocutores válidos” en Islay para retomar el diálogo e intentar resolver el conflicto en torno al proyecto cuprífero, que ya ha cumplido 51 días.

 

“Nosotros, en todo momento, mantenemos la disposición al diálogo, pero con interlocutores válidos, porque los dirigentes que han estado manejando a la población han demostrado que no son sus verdaderos representantes. Lo único que han tenido es un afán de lucro, sin importar la vida y el medio ambiente de la zona”,añadió.

 

Los pobladores de la ciudad de Arequipa acatan desde hoy, de manera parcial, un paro de 72 horas, convocado para apoyar las protestas en Islay contra el proyecto de la Southern Copper.

 

Los líderes de la protesta ratificaron el lunes que continuarán con la huelga, a pesar que durante el fin de semana el Gobierno ordenó la militarización de la provincia de Islay.

 

La Southern Copper, filial del Grupo México, anunció el pasado 27 de marzo que seguirá desarrollando el proyecto, horas después de que su portavoz oficial en Perú informara su cancelación por lo que definió como “terrorismo antiminero”.

 

Southern contempla la inversión de unos 1.200 millones de dólares para la construcción de Tía María, cuya producción estimada es de 120 mil toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones.