El gobierno estadunidense tiene serias preguntas sobre el nivel de complicidad gubernamental en los cárteles del crimen organizado, así como con la violencia expansiva de estas células delictivas, evidenciadas en los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, de acuerdo con documentos desclasificados del Archivo Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés).
Los documentos publicados por la revista electrónica, The Intercept, revelan que el Departamento de Estado de Estados Unidos suspendió el año pasado la ayuda militar al 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar, ubicada en el Estado de México.
El batallón no es ahora elegible para recibir asistencia de EU, en tanto espera los resultados de la investigación.
Asimismo, el Departamento de Estado confirmó a los investigadores del NSA que cinco miembros del batallón habían sido entrenados por EU pero aclaró que ninguno de ellos está implicado en el caso.
Las pesquisa realizada por investigadores del NSA con base en documentos desclasificados, mediante la Ley de Libertad de Información estadounidense, da cuenta que en particular el caso Tlatlaya es “un raro” ejemplo conformado de que el gobierno estadunidense está cortando financiamiento para las fuerzas de seguridad en México.
El artículo de la revista electrónica, muestra un informe interno del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, fechado en octubre de 2014, que menciona que algunas de las 22 víctimas, que el gobierno mexicano alegó eran miembros del cártel, murieron durante en el supuesto enfrentamiento, mientras que otras habrían sido ejecutadas después y que un oficial y siete soldados habían sido detenidos por los asesinatos y su encubrimiento. “A medida que más datos salen a la luz hay una mayor aceptación de que el ejército estaba involucrado en actos ilícitos.”
Si el comandante de la zona militar que supervisa al Batallón 102 estuviera implicado “en una grave violación a los derechos humanos”, entonces toda la zona militar y 10 mil miembros del personal, no podrían ser elegidos para recibir asistencia en seguridad por parte del estados Unidos”.
Iniciativa Mérida
Desde 2008, el gobierno de Estados Unidos ha gastado casi tres mil millones de dólares en ayuda de seguridad para México, en gran parte a través de la Iniciativa Mérida, una estrategia antidrogas inspirado en el Plan Colombia, mediante la cual Estados Unidos canaliza miles de millones de dólares, para el combate contra el crimen organizado en México.
Este apoyo se suma a la venta directa de armas y otros equipos, que ascendieron a más de 1.15 mil millones el año pasado. México superó recientemente Colombia para convertirse en el mayor cliente de armas de Estados Unidos en América Latina.
The Intercept refiere que si bien el apoyo había sido suspendido para el batallón, el flujo financiero de EU para el combate al crimen continúa, y pese a que está en constante escrutinio, el gobierno es consciente de que la ayuda se destina hacia autoridades conectadas con graves violaciones.
Una ley de 1997 presentada por el senador Patrick Leahy limita el apoyo de la Unión Americana a las fuerzas de seguridad extranjeras que piensan están vinculadas con violaciones de los derechos humanos.