La implementación de la Ley General de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue el tema central del último día de comparecencia de México ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Tras escuchar el informe de nuestro país sobre la situación de los derechos del niño, el Comité manifestó que México tiene que definir la ruta crítica para la implementación de la ley, incluyendo el presupuesto para echarla a andar.
Publicada el 4 de diciembre pasado, la ley estipula a creación de un Sistema Nacional de Protección Integral, el cual debería de estar conformado a más tardar el 2 de junio, lo cual no ha pasado.
Debido a que el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobó en la Cámara de Diputados antes de la ley, no se asignaron recursos para su implementación; lo que hay es un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para que libere 40 millones de pesos una vez que el Sistema entre en funciones.
En temas concretos, el comité solicitó información sobre servicios de salud, prevención y actuación ante la desaparición forzada. En este último punto, pidieron las acciones que lleva a cabo el Estado mexicano para atender a los hijos de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.
Respecto a las preguntas y dudas que quedaron pendientes, el Comité dio 48 horas a la delegación mexicana para responder por escrito. Las mismas quedarán plasmadas en el informe final, se publicará durante la primera semana de junio.
Violencia sexual
Como respuesta a la comparecencia de México, organizaciones de la sociedad civil dieron su postura al respecto, donde uno de los temas que destacaron fue la violencia sexual que sufren las niñas. Según datos presentados por el Senado en diciembre de 2014, 77% de los casos de abuso sexual ocurren contra mujeres menores de edad.
En conferencia de prensa, Isabel Fulda señaló que en México no se garantizan los derechos reproductivos de las mujeres, por ejemplo hay un nulo acceso al aborto legal para niñas y adolescentes víctimas de violaciones.
Datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señalan que en el periodo de 2007 a 2013 el sistema de salud nacional no reportó abortos efectuados a mujeres que sufrieron violación, esto a pesar de que es una causal que todos los códigos penales aprueban.
Avanza en estados reforma sobre adolescentes
Hasta el momento 10 estados ya aprobaron la reforma constitucional sobre justicia para adolescentes. Cuando sea ratificada por 17 estados, la reforma permitirá que el país tenga ley nacional en la materia que homologue los sistemas de las 32 entidades federativas.
Para Alma Meneses, directora del área de legislación y políticas públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la reforma es el primer paso para tener un verdadero sistema que garantice la justicia y reinserción social de los adolescentes de todo el país.
Actualmente, añadió, cada estado tiene su propio sistema de justicia para adolescentes, con el inconveniente de que hay severas diferencias entre la calidad de cada uno.
“(El objetivo es que se) pueda homologar los procedimientos que llevan a cabo los estados y evidentemente ponga un estándar más efectivo para atender este tipo de casos”, señaló Meses.
La integrante de la REDIM mencionó que en este momento la justicia para adolescentes juega un papel central en el contexto del caso de Christopher, niño asesinado por otros cinco menores de edad mientras jugaban al secuestro.
Para Meneses, en estos momentos no hay un sistema de justicia que garantice la justicia para todas las partes, pues no sólo Christopher es víctima, también los chicos que le quitaron la vida.
“No estamos preparados, ni tampoco el sistema de justicia para adolescentes en este momento está preparado para dar una respuesta efectiva para este tipo de casos. Contamos con medidas de internamiento para este tipo de casos en donde adolescentes comenten delitos graves, pero dentro de este internamiento los programas que existen dentro de estos centros de internamiento no son suficientemente efectivos para garantizar que los jóvenes salgan con una reintegración social efectiva”, finalizó.