El secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Jaime Chris López Alvarado, exhortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) vigilar el adecuado reparto de utilidades en el país para evitar que empresas empleen argucias legales para evadirlo.

 

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideró que evadirlo significa un revés a los derechos y a la economía de los trabajadores de México.

 

Recordó que para las empresas el plazo para la entrega de utilidades es del 1 de abril al 30 de mayo, y para las personas físicas del 1 de mayo al 30 de junio, “lo que significa que estamos en plena temporada de su pago”.

 

Hasta el año pasado, apuntó, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó a 270 trasnacionales que realizaron planeaciones fiscales agresivas, como trasladar a otros países o jurisdicciones las utilidades generadas aquí, para pagar menos Impuesto Sobre la Renta (ISR) e incluso no pagarlo.

 

Si bien representan menos de dos por ciento de las 16 mil empresas consideradas grandes contribuyentes por su tamaño, obligó a la realización de auditorías informales a siete trasnacionales y mandar un mensaje a aquellas que no han sido detectadas por realizar planeaciones fiscales agresivas.

 

El diputado del Revolucionario Institucional subrayó que de acuerdo con las centrales obreras, el número de compañías que otorgan el reparto de utilidades está disminuyendo.

 

Durante 20 años, por lo menos 80% de ellas las otorgaban y en 2012 únicamente lo hizo 20%, alertó.

 

Explicó que los empresarios recurren a argucias legales para no pagarlas, pese a que tienen producción, crecimiento y generación de utilidades y contratan para ello a despachos contables con experiencia.

 

López Alvarado mencionó que otro fenómeno que inhibe el pago de utilidades son las empresas terciarias o de outsourcing, las cuales evaden todas las prestaciones y derechos que tienen los trabajadores, “situación que está en vías de ser solucionada tras la aprobación de la reforma laboral de 2012”.

 

Por lo tanto, las funciones de vigilancia de la autoridad resultan indispensables para asegurar el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de los trabajadores, evitando así que empresarios se valgan de trampas para evadir sus responsabilidades, aseguró.