La Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó un amparo provisional a favor del presidente Otto Pérez Molina y frenó el proceso que se sigue contra el mandatario para establecer si se le retira o no la inmunidad por su supuesta relación con dos casos de corrupción.

 

La resolución de la corte no fue unánime, de cinco magistrados dos votaron en contra argumentando que no ameritaba otorgar el amparo.

 

El abogado Alexander Aizenstatd, especialista en temas constitucionales, el efecto que produce el amparo provisional es detener todo el proceso de antejuicio iniciado contra Pérez Molina, hasta que la Corte de Constitucionalidad cambie de parecer u otorgue un amparo definitivo.

 

La Corte otorgó amparo provisional a la abogada Karen Fisher, quien accionó contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de iniciar un trámite de antejuicio contra el presidente y enviarlo al Congreso para que nombrara una comisión de investigación sobre los hechos imputados al mandatario.

 

“Esto es interesante porque pone en evidencia la divergencia de opiniones entre Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia, (quienes consideraron que había motivos para iniciar el trámite de antejuicio) y eso muy raramente se ha dado”, dijo el abogado

 

Fisher es una abogada que en años anteriores ha sido funcionaria pública.

 

Según Aizenstatd para poder presentar un amparo se debe de cumplir con requisitos indispensables, uno de ellos es la legitimidad de quien interpone la acción.

 

“Se debe tener un agravio personal y directo, que le afecte a esa persona en particular… a primera vista me parece que ella no cumple con ese requisito indispensable del amparo”, dijo el constitucionalista.

 

El jueves también el diputado Baudilio Hichos, presidente de la comisión del Congreso que estudia si retiran o no la inmunidad a Pérez Molina, renunció tras conocerse que está involucrado en un caso de corrupción.

 

La víspera la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala solicitaron que se le retire la inmunidad parlamentaria a Hichos porque habría participado en la contratación del arrendamiento de un edificio de forma fraudulenta.

 

El diputado es presidente de la junta directiva de una empresa que alquiló un edificio de su propiedad al Seguro Social por 2.1 millones de quetzales (unos 270,000 dólares), operación que se realizó supuestamente evadiendo los proceso de la ley de Compras y Contrataciones del Estado.

 

Hichos junto a otros cuatro diputados investigaba si existen motivos suficientes para retirarle la inmunidad a Pérez Molina por dos casos de corrupción. El primero está relacionado con un fraude al fisco por varios millones de dólares y otro al Seguro Social por 15 millones de dólares.

 

Por ambos casos han sido detenidos funcionarios de alto nivel nombrados por Pérez Molina.

 

El presidente ha negado tener participación en tales hechos.