Al considerar que la corrupción forma parte de la condición humana, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el gobierno federal ha tratado de domarla a través de nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

 

Al presidir la instalación del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el mandatario aceptó que en el pasado recibió fuertes críticas por señalar que la corrupción era un problema cultural. “Si no lo fuera, porque además está en el orden mundial, no es privativo de nuestro país, ni de nuestra sociedad, me parece que es un tema de orden global, está en todo el mundo, y a veces más que aparejado a una cultura, lo está a una condición, a la condición humana”.

 

Por lo anterior, dijo, “lo que hemos o lo que estamos haciendo, y a lo mejor le voy a dar con ello material a más de un caricaturista, pero el Estado mexicano y su sociedad, lo que estamos haciendo es domar auténticamente la condición humana, llevarla por nuevos caminos, estableciendo parámetros, estableciendo límites, controles, obligando a la apertura y a la transparencia”.

 

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo federal, “no es a partir de los discursos como habrá de darse el cambio, será a partir de una efectiva y real participación de quienes estamos a favor de un cambio”.

 

Rendición de cuentas

 

El SNT estará bajo la rectoría del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) y contará con la participación de la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía así como los institutos de transparencia de las 31 entidades y el Distrito Federal.
Para Peña Nieto, el SNT debe articularse al Sistema Nacional Anticorrupción para convertirlos en los dos pilares de la rendición de cuentas en el país porque “ambas establecen innovadores modelos y herramientas en favor de la apertura y la efectiva rendición de cuentas en todas las instituciones públicas al servicio de la población”.

 

De acuerdo con el Presidente, entre los desafíos del Sistema Nacional de Transparencia está “garantizar que los grupos vulnerables puedan ejercer plenamente el derecho de acceso a la información si trabas ni restricciones. Entre todos, debemos generar las condiciones adecuadas para que lo hagan valer, lo mismo una mujer indígena de la montaña, en Guerrero, que una persona con discapacidad de Mérida, o un adulto mayor de Veracruz”.

 

A su vez, “el reto no es menor, considerando que tan sólo en el orden federal ha habido casi un millón de solicitudes de información desde que se creó el IFAI y que actualmente, la Administración  Pública Federal recibe casi 12 mil solicitudes al mes, en promedio, por consulta de información que demanda la población”.

 

Peña Nieto manifestó que cuando se critica a su gobierno “se olvida decir que en muchas otras partes del mundo difícilmente se ha logrado lo que en México hoy tenemos, y que a veces tomamos o damos pasos de vanguardia en favor de estas dos grandes causas”.

 

Transparencia incompleta 

 

Aunque el Presidente atestiguó la instalación del Sistema Nacional de Transparencia, para que el mecanismo que homóloga los procesos de rendición de cuentas sea una realidad, todavía falta la expedición de dos leyes y la armonización en los estados.

 

La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia,  Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Ximena Puente de la Mora, afirmó que su total implementación “dependerá de la expedición en tiempo y forma de los lineamientos del Sistema, los procesos de armonización de la ley federal y de cada una de las leyes locales, y la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia”.

 

Destacó que no sólo será un reto cualitativo, sino también cuantitativo, ya que en la realidad presupuestaria de los organismos garantes de la transparencia, en algunos casos es diametralmente opuesta, y dio a conocer que para el presente año el gasto per cápita destinado a la transparencia en algunas entidades es de 19 pesos, en tanto otras, escasamente rebasan los dos pesos por habitante.