Amnistía Internacional (AI) señaló que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto debe hacer una investigación exhaustiva e imparcial del caso Tlatlaya que lleve a todos los responsables ante la justicia incluyendo, en su caso, a mandos militares, a un año del asesinato de 22 personas en dicho municipio del Estado de México.

 

“Ante la muerte de estas personas, es fundamental que todos los elementos militares que tengan responsabilidad, incluso por cadena de mando, sean llevados ante la justicia y que se investigue cualquier responsabilidad en que hayan incurrido otros funcionarios públicos durante la deficiente investigación de estos hechos”, afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

 

A través de un comunicado, AI señaló que el mantenimiento del orden público no debe ser un pretexto para violar los derechos humanos. El uso de la fuerza debe ser limitado a criterios de proporcionalidad y sólo en casos de absoluta necesidad como señalan las normas internacionales de derechos humanos; obligación que en el marco de su fallida estrategia militarizada en contra de la delincuencia organizada el Estado recurrentemente ha ignorado.

 

“Es fundamental que las víctimas del caso Tlatlaya y sus familiares, así como la sociedad en su conjunto, conozcan la verdad de los hechos a través de una investigación seria e imparcial, y que se otorgue una reparación integral que incluya medidas concretas para que este tipo de hechos no se repitan”, subraya Quiroz.

 

AI reiteró su llamamiento al Estado mexicano a evitar que las Fuerzas Armadas desempeñen funciones policiales —como detenciones, investigaciones e interrogatorios— debido a que sus miembros carecen de la capacitación adecuada y no rinden cuentas por sus actos.

 

El caso

 

El 30 de junio de 2014, 22 personas –incluida una joven de 15 años– murieron a manos de elementos militares, dentro de una bodega en la localidad de San Pedro Limón, en Tlatlaya.

 

El Ejército Mexicano informó que todas las muertes sucedieron en un enfrentamiento con integrantes de la delincuencia organizada; sin embargo, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como la Cámara de Diputados concluyeron que la mayoría de las personas no murieron durante un enfrentamiento como lo señaló la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA), sino que fueron ejecutadas extrajudicialmente cuando no representaban una amenaza para los militares.

 

Según la versión de los hechos emitida por la SEDENA, soldados de la 22/a zona militar repelieron una agresión por presuntos delincuentes situada en una bodega cerca de Tlatlaya, Estado de México. El tiroteo resultó en la muerte de todos los 22 presuntos delincuentes (incluso una menor de edad)  y la liberación de tres mujeres secuestradas. Sólo un soldado quedó lesionado.

 

En septiembre de 2014 Esquire México y The Associated Press (AP) publicaron reportajes a raíz de la información obtenida de una testigo presencial de los hechos que parece indicar que sólo uno de los fallecidos murió abatido durante el enfrentamiento y los demás, fueron ejecutados extrajudicialmente por los miembros del Ejército después de rendirse.

 

El 21 de octubre de 2014, a cuatro meses de lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, la CNDH emitió una recomendación en donde se reconoce que hubo un enfrentamiento armado en donde murieron 7 personas y que posteriormente entre 12 y 15 fueron ejecutadas por miembros de la Sedena, entre ellas tres menores de edad el 30 de junio de 2014.  DM