Amnistía Internacional urgió al gobierno mexicano investigar el documento militar relevado recientemente que parece indicar  que la masacre de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México no fue el resultado de un enfrentamiento entre soldados y una banda delictiva, como informaron las fuerzas armadas, sino de una orden de “abatir delincuentes”.

 

“En el contexto de este caso, no cabe duda de que el término “abatir” significa matar, ya que el término se emplea con ese significado preciso en varios documentos militares (…) Hay motivos fundados para pensar que la orden militar alentó las ejecuciones extrajudiciales”, dijo  Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.

 

“Aunque en la orden se hacen varios llamamientos generales a respetar las normas de derechos humanos, el lenguaje empleado en la parte crucial del documento parece indicar que los soldados recibieron instrucciones de matar a presuntos delincuentes”, explicó Guevara-Rosas.

 

Indicó que esta orden militar ha salido  a la luz en medio de la crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente de México, con miles de personas asesinadas o desaparecidas.

 

Por ello, señaló que “es fundamental que el presidente Enrique Peña Nieto formule públicamente una condena de este acto y un compromiso con los derechos humanos ordenando una investigación pronta, exhaustiva e independiente a cargo de las autoridades civiles sobre cómo están aplicando las fuerzas armadas la política de seguridad del gobierno”.

 

Amnistía Internacional afirmó que las investigaciones deben incluir al personal miliar implicado en la masacre de Tlatlaya.  “Esto debe incluir a cualquier jefe militar u otra persona con responsabilidad en la cadena de mando que supiera, o debiera hacer sabido, que las fuerzas estaban cometiendo o iban a cometer tales crímenes y que no hizo nada para impedir o reprimirlos”.

 

Asimismo, indicó que la organización viene documentando casos desde hace años en los que las fuerzas armadas de México han participado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, desapariciones  forzadas, delitos de violencia sexual y otras violaciones de derechos humanos y delitos de derechos internacional.

 

“El gobierno de México, o bien ha negado su participación en tales crímenes, o bien los ha calificado de hechos aislados cometidos por personas que actuaban por su cuenta. Esta última revelación ha puesto en grave entredicho esa versión y debe impulsar a las autoridades civiles a abrir una investigación seria sobre las acciones, estrategias y políticas de las fuerzas armadas”, dijo.

 

Además, sostuvo que el gobierno de México debe garantizar la cancelación inmediata de cualquier orden permanente parecida y poner fin de inmediato a que las fuerzas armadas desempeñen funciones habituales de la policía, como detener, investigar e interrogar.

 

El pasado jueves, un informe reveló que los militares del 102 Batallón de Infantería que participaron en los sucesos de Tlatlaya del 30 de junio de 2014 tenían la orden de abatir a delincuentes en horas de oscuridad.

 

El informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, presentado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), reveló que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comente en ese horario”.