La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México dijo hoy que el hacinamiento de presos redujo el nivel de seguridad máxima del penal del Altiplano I, Estado de México, del que el sábado se escapó el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.

 

“Había un exceso de población lo cual provoca que haya hacinamiento, se pierdan los controles de seguridad y la máxima seguridad se devalúa”, declaró la tercera visitadora de la CNDH, Ruth Villanueva, a la emisora Radio Fórmula.

 

El Chapo Guzmán se fugó de esta cárcel la noche del sábado a través de un túnel de más de 1.5 kilómetros que terminaba en una casa a medio construir.

 

En una rueda de prensa celebrada el lunes por la noche, el secretario de Gobernación (ministro del Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el presidio opera “en estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad y los estándares internacionales”.

 

Entre otras cosas, explicó que el centro penitenciario cuenta con medidas de seguridad que incluyen “un sistema de videovigilancia y monitoreo permanente”.

 

Sin embargo, aclaró también que “por razones de derechos humanos y respeto a la intimidad, la videovigilancia tenía dos puntos ciegos”.

 

“Guzmán logró fugarse a través de una estrategia que pudiera evadir todos los sistemas de seguridad. Lo hizo mediante un túnel de alta tecnología, con profundidad de hasta 19 metros y longitud de más de kilómetro y medio”, relató.

 

Villanueva consideró hoy que el problema de seguridad en la prisión se notó “de manera general” y consideró necesario tomar medidas y atender la falta de personal en el sistema penitenciario del país.

 

Afirmó que en el caso de Guzmán Loera ya se habían verificado las condiciones en las que estaba desde que fue detenido en febrero de 2014.

 

“En el caso de esta persona, se le había hecho una visita como se hace en todos los casos y estaba en unas condiciones de un área especial, en condiciones muy específicas para que tuviera mayor control y seguridad”, apuntó, sin especificar la fecha de la misma.

 

La CNDH visitó en abril pasado el penal con motivo de una queja de los reos sobre los servicios médicos, la supuesta falta de medicamentos y sus condiciones de internamiento.

 

Según un comunicado difundido entonces, el organismo entrevistó a 21 prisioneros, entre ellos a Joaquín Guzmán Loera, “quien señaló que no había firmado escrito alguno y no tenía queja del Centro”, por lo que concluyó que la protesta no procedía.

 

Villanueva explicó hoy también que la CNDH ha estado presente en los interrogatorios del personal de la prisión desde que fueron llevados a la capital mexicana.

 

Las autoridades mexicanas han interrogado a 34 trabajadores de la cárcel para descubrir si entre ellos hubo cómplices de la fuga y para determinar su situación jurídica.

 

La prisión de máxima seguridad del Altiplano 1 está localizada en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México a unos 90 kilómetros de la capital mexicana.