GUATEMALA. En el marco de una crisis política que vive Guatemala tras develarse varios casos de corrupción que tocan altas esferas del gobierno de Otto Pérez Molina que ha obligado a ciudadanos a salir a las calles a manifestarse y exigir cambios en el sistema político, un nuevo informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala indicó que el enriquecimiento ilícito, narcotráfico y abuso del poder son clave para el financiamiento de la política en el país.

 

“Los recursos públicos financian la política pero por la vía de la corrupción”, dijo el comisionado Iván Velásquez. “El financiamiento anónimo es un delito”.

 

La comisión, un ente de Naciones Unidas que investiga estructuras paralelas y de seguridad en el Estado guatemalteco, elaboró un estudio sobre el financiamiento de la política en el país y presentó algunos casos emblemáticos en los cuales señala que hay de la poca claridad de los fondos y el anonimato en el que se hace la financiación de la política.

 

La forma de hacer política en el país “ha socavado a la democracia guatemalteca”, dijo el comisionado.

 

Explicó que en el país hay dos formas de financiamiento el público y privado.

 

Velásquez tomó un caso específico para ejemplificar como existen recaudadores de financiamiento en la política y nombró a Gustavo Alejos, ex secretario privado del ex presidente Alvaro Colom (2008-2012). Alejos habría recaudado fondos para lograr la presidencia de Colom y luego sus empresas fueron favorecidas con contratos de obras públicas.

 

En el caso del privado dijo que este tiene dos clases de motivaciones la pragmática y la ideológica y que la primera responde al interés de obtener beneficios directos de los recursos públicos y ven en las elecciones una oportunidad para asegurar futuros negocios.

 

El comisionado explicó que la política ha girado más en torno a personas que se benefician y no a proyectos políticos.

 

El informe descriptivo explica algunos casos específicos como el empresario Eswin Jerson Javier, constructor de obra pública y que se postuló para alcalde por un comité cívico para las elecciones del 2015 para el municipio de Ipala, en el departamento de Chiquimula. Según el ex Ministro de Gobernación Mauricio López estaba sindicado de narcotráfico.

 

Velásquez desnudó los recónditos de un sistema político que ha estado marcado por la policía y el beneficio de algunos y dijo que “uno de los productos más perverso ha sido el surgimiento de los partidos de franquicia” al referirse a partidos políticos que surgen o están en formación en épocas electorales que se ponen al servicio de quién mejor les convenga, como los partidos políticos locales Movimiento Renovador, Ciudadanos Activos en formación Electoral, CAFE y el Partido Libertador Progresista.

 

Uno de los casos más importantes que la comisión ha puesto en la palestra pública y en el ámbito judicial es la desarticulación de una red de lavado de dinero que fue a parar a fondos de financiamiento electoral ilícito.

 

En este caso que se denunció en la víspera se sindica a Edgar Barquín, candidato a vicepresidente por el partido opositor Libertad Democrática Renovada, quién está a la cabeza de las encuestas para las elecciones a realizarse en septiembre.

 

Barquín, fue Superintendente de Bancos del país y ex presidente de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, previo a su candidatura y en su cargo, según las autoridades, protegió a una red de lavado de dinero que financió al menos en un millón de quetzales a un partidos político.

 

“Este es el primer hecho documentado que se ha presentado en el país”, dijo Velásquez quién explicó que no se registran ni se documentan denuncias previas sobre este tema.