A la crisis desatada por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán seguirán otras.
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Tristemente para el presidente Enrique Peña Nieto.
Darán en la línea de flotación del gobierno y afectarán tanto su prestigio como la credibilidad moral de altos funcionarios de la administración pública.
El primer asunto es la conclusión de la investigación de Tlatlaya, donde presumiblemente hubo masacre de presuntos criminales por parte de elementos del Ejército.
Nadie ha visto con tanta claridad la tormenta en puerta como el secretario Salvador Cienfuegos, quien reclama acelerar esas averiguaciones a fin de evitar más linchamientos a las Fuerzas Armadas.
Papel fundamental desarrolla la CNDH, cuyo presidente, Luis Raúl González Pérez, ha pedido a las tropas clarificar la expresión abatir.
Hay un problema: en la literatura mediática las fuerzas de seguridad utilizan el término “fueron abatidos” cuando se habla de delincuentes muertos.
DESENLACE DE IGUALA Y LA CASA BLANCA
Todavía no hay escenarios prefigurados sobre Tlatlaya, pero sí otros.
Uno es el municipio perredista de Iguala, donde por órdenes del ex alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Angeles Pineda, fueron ejecutados tres normalistas de Ayotzinapa y luego detenidos 43 más para ser entregados a los Guerreros Unidos.
Eje fundamental de la investigación es la policía municipal, pero su ex titular Felipe Flores Velázquez está prófugo desde el 27 de septiembre de 2014.
De aquellos crímenes habrá observaciones de la CNDH.
La primera dará en la frente a la PGR, entonces a cargo de Jesús Murillo Karam y hoy en manos de Arely Gómez: no hubo reconstrucción de hechos.
A partir de esa omisión podrían derivarse responsabilidades adicionales, más allá de si fue verdad la ejecución de estudiantes e incineración de sus cadáveres.
Los padres incurren en aberraciones: aceptan las pruebas de ADN de Alexander Mora Venancio, único normalista identificado, pero a la vez exigen su presentación con vida.
Otro resultado altamente polémico será la investigación de la casa blanca de Las Lomas, comprada por Angélica Rivera de Peña.
La conclusión puede ser incuestionable desde el punto de vista jurídico pero no político: la SFP de Virgilio Andrade es incompetente para investigar a particulares y la señora Rivera de Peña lo es, aunque sea esposa del presidente de la República.
En tal sentido, éste nada tuvo qué ver y no hubo tráfico de influencia ni contravención de alguna norma penal, de la administración pública o de otro tipo.
Por ahí vienen los resultados.
COAHUILA RENEGOCIA SU ENORME DEUDA
1.- El gobierno de Coahuila anunció ayer el refinanciamiento de su deuda de 36 mil 767 millones de pesos, mientras negocia para arrancar a Altos Hornos de México el compromiso de no despedir a más de tres mil 500 trabajadores.
El gobernador Rubén Moreira está al frente de las pláticas.
En la renegociación participaron siete instituciones bancarias y convinieron en ahorrar tres mil 100 millones de pesos en el servicio de la deuda y refinanciar seis mil millones más.
2.- El ajuste al gabinete del Distrito Federal fue el primer paso de Miguel Mancera para hacerse del control del gobierno de la ciudad, quitarse presiones de tribus perredistas y establecer alianzas con otros grupos y partidos.
Destaca la incorporación de un hombre de todas sus confianzas, Manuel Granados, mientras conserva a su brazo derecho en la particular, Luis Serna.
Y 3.- el director de Pemex, Emilio Lozoya, recibió la instrucción presidencial de dar seguimiento personal a los tres acuerdos firmados con las empresas francesas Total y Engie.
Con la segunda se impulsarán proyectos de licuefacción y comercialización de gas natural con plantas en la costa del Pacífico.