Al regresar a México de una visita de Estado a Francia, el presidente Enrique Peña Nieto entonó este viernes un mea culpa por la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, hace seis días, resultando que la PGR pusiera a disposición de un juez a siete funcionarios públicos por su posible complicidad en la huida.

“El Gobierno de la República no ha evadido su responsabilidad, asume plenamente la tarea que implicaba mantener plena vigilancia sobre este delincuente”, afirmó Peña Nieto.

El mandatario comenzó su discurso en ese acto, retrasado varios minutos de la hora señalada, haciendo referencia directa a un caso que “marcó el ánimo” de los mexicanos esta semana, como él mismo reconoció.

Explicó que el inicio del acto se postergó precisamente porque estuvo en una reunión con miembros del gabinete de seguridad del Gobierno para conocer el estado de las investigaciones en torno a la huida del narcotraficante.

El mandatario dijo entender la “indignación”, la “frustración” y el “enojo” de los mexicanos por lo sucedido, y compartir esas emociones como presidente del país y como ciudadano.

Sin embargo, aclaró que México no va a resolver este tema “solo mediante enojos” y “llenándose de ira”.

A seis días de la fuga

El Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa, se fugó el pasado 11 de julio del penal de máxima seguridad del Altiplano I, en el Estado de México, a través de un túnel de kilómetro y medio que conducía a una casa a medio construir fuera de la cárcel.

La fuga, presumiblemente posibilitada por la corrupción de los guardas del presidio, es la segunda del capo después de su huida de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, en el estado occidental de Jalisco, el 19 de enero de 2001.

Siete consignados por fuga

Este viernes la Procuraduría General de la República (PGR) puso a disposición de un juez a siete funcionarios públicos de entre las 41 personas interrogadas tras la fuga, porque hay elementos suficientes para presumir su responsabilidad en el caso.

El juez tiene 72 horas para determinar si los pone en libertad o los procesa; tres de ellos son monitoristas y cuatro custodios.

Los siete están acusados de evasión de presos cuando el detenido está siendo procesado por delitos contra la salud, y que serán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12, en Guanajuato.

Comparece gabinete de seguridad

El jueves, al comparecer ante una Comisión Bicameral del Congreso de la Unión como integrante del gabinete de seguridad, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, aseguró que las autoridades mexicanas van a volver a poner tras las rejas a El Chapo.

“Que no quepa duda, lo vamos a traer a prisión y ante la justicia mexicana, que no quepa duda”, dijo Galindo.

Al final de esa reunión con los congresistas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, reveló por primera vez que el personal de seguridad del penal tardó 18 minutos en percatarse de que el reo había desaparecido de su celda.

Las autoridades mexicanas han impreso y comenzado a distribuir 100.000 folletos con fotografías de El Chapo en los que se ofrece una recompensa de 60 millones de pesos mexicanos para quien facilite información confiable que lleve a su reaprehensión.

Solicitud de extradición

La procuradora General de la República, Arely Gómez, que también compareció el jueves ante la Comisión, informó después que el pasado 25 de junio se recibió de la Cancillería una nota diplomática a través de la cual el Gobierno estadounidense hizo la petición formal de extradición de Guzmán.

El lunes, la cadena de televisión de Estados Unidos, CBS indicó, citando fuentes oficiales, que la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) había informado al Gobierno de México de los planes de fuga del narcotraficante, algo que las autoridades del país latinoamericano han negado. Con información de EFE