La Corte de Constitucionalidad de Guatemala avaló la inscripción de Zury Ríos Sosa, hija del ex dictador José Efraín Ríos Montt, como candidata presidencial para las próximas elecciones en el país centroamericano.

 

El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral se había negado a inscribir su candidatura debido a que considera que el artículo 186 de la Constitución de la República de Guatemala establece una prohibición al respecto.

 

Dicho artículo afirma, entre otras cosas, que está prohibido optar a cargo de presidente a los parientes dentro del cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad de caudillos, ni los jefes de un golpe de estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de Gobierno.

 

Tras la decisión del Registro de Ciudadanos, Ríos Sosa optó por pedir un amparo a la Corte Suprema de Justicia, el cual le fue concedido provisionalmente y con el cual fue inscrita.

 

El Tribunal Supremo impugnó la decisión de la Corte Suprema, pero la Corte de Constitucionalidad rechazó el viernes esa impugnación.

 

Erick Castillo, coordinador de secretaría del Pleno de la Corte de Constitucionalidad, dijo a periodistas que ese órgano dejó en firme la inscripción de Ríos Sosa como candidata a la presidencia.

 

Castillo explicó que las razones de la Corte de Constitucionalidad para avalar su inscripción eran porque el “Tribunal Supremo Electoral no tiene legitimación para intervenir en el trámite del amparo”, dijo.

 

Los magistrados que votaron a favor de dicho recurso son Manuel Duarte, Héctor Hugo Pérez, Roberto Molina Barreto, Carmen María Gutiérrez de Colmenares y Ricardo Alvarado Sandoval. Los que sufragaron contra la decisión, y que aseguran que el Registro de Ciudadanos sí tiene legitimidad para conocer este tipo de casos, fueron Gloria Porras y Mauro Chacón.

 

Guatemala llevará a cabo sus elecciones para presidente, vicepresidente, diputados al Congreso y Parlamento Centroamericano y autoridades locales el 6 de septiembre.

 

El ex dictador Ríos Montt tiene aún pendiente un juicio en su contra, en el que la fiscalía le acusa de los delitos de genocidio y contra los deberes de humanidad por la muerte de 1.771 indígenas ixiles a manos del ejército guatemalteco que actuaban bajo su mando durante su gobierno de facto (1982-1983).

 

Según Naciones Unidas, unas 245.000 personas murieron o desaparecieron durante el conflicto armado (1960-1996). El reporte de la ONU señaló que un 97% de las muertes fue responsabilidad del ejército y grupos paramilitares, el 3% restante de la guerrilla izquierdista.