Los organismo no gubernamentales, Periodistas de a Pie y Artículo 19, así como la agencia Cuartoscuro, exigen a la Procuraduría General de Justicia del DF priorizar las amenazas que recibió el fotoreportero Rubén Espinosa, en la investigación del multihomicidio del fin de semana.

 

Para los defensores de los derechos de los periodistas, hay antecedentes muy claros de amenazas para el reportero gráfico que no se están tomando en cuenta, pero demás, el hecho de que las víctimas fueron localizadas maniatadas, amordazadas, con golpes, probables señas de tortura y el tiro de gracia son evidencia de que quienes los ejecutaron no eran delincuentes comunes.

 

Por ello, exigen que las autoridades capitalinas den prioridad a la actividad laboral de Espinosa Becerril en sus investigaciones para no desvirtuar el móvil, como aseguran ha sucedido en Veracruz donde fueron asesinados 14 periodistas en la actual administración.

 

“Es un tema muy importante que le den prioridad a la línea de investigación sobre su actividad periodística y esa era la razón por la que (Espinosa Becerril) se había trasladado al Distrito Federal. Nos preocupa que se quieran priorizar otras líneas de investigación o que se privilegien otras líneas de investigación sobre el tema del desplazamiento interno, es decir, que tuvo que salir amenazado (de Xalapa) por su actividad periodística.

 

“Preocupa que inmediatamente se quieran manejar otras hipótesis como el robo, o cuestiones más personales, parece una salida fácil cuando siempre que se comete un crimen contra un periodista, y así lo establecen los estándares internacionales de la ONU, de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también, se tiene que privilegiar la hipótesis que relaciona el crimen con su trabajo; en este caso, no nada más porque era periodista, sino porque había antecedentes de amenazas”, subrayó Leopoldo Maldonado, coordinador del programa legal del organismo Artículo 19, organismo que defiende la libertad de expresión.

 

El caso de Espinosa Becerril preocupa porque antes de ser asesinado había denunciado públicamente que en Xalapa, Veracruz, era víctima de amenazas e incluso responsabilizó al gobernador de la entidad, Javier Duarte de Ochoa, y al secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, de lo que le sucediera.

 

Por ello, tras ocho años de residencia en Veracruz decidió autoexiliarse en el DF donde se sentía más seguro, pero a dos meses de su arribo fue ejecutado con cuatro mujeres en un departamento de la colonia Narvarte donde estuvo en un convivio con al menos otras cinco personas.

 

“El asesinato de (los periodistas) Moisés Sánchez Cerezo, Juan Mendoza, Armando Saldaña, daba pie a que (Espinosa Becerril) temiera por su vida porque en el Gobierno de Veracruz hay, de entrada, una omisión y negligencia graves de protección a los periodistas y lo que encontramos también es que en cuanto se notifica o se sabe del asesinato de un periodista  quieren desvirtuar, a priori, la línea de investigación que tiene que ver con su labor comunicadora, así lo vimos con Gregorio Jiménez, con Regina Martínez y así lo vimos con Moisés.

 

“Hay antecedentes de amenazas como en el caso de Regina y el Moisés, con él incluso es muy claro que había una resistencia del Alcalde Cruz Reyes de Medellín donde él laboraba, pero lo que nos preocupa es que siempre, la Fiscalía General de Veracruz  ha tratado de desvirtuar esas líneas y no queremos que se replique esa práctica en el DF, no queremos que la Procuraduría caiga en el mismo juego”, advirtió Maldonado en entrevista.

 

De acuerdo con información extraoficial, se calcula que en el DF hay por lo menos una docena de periodistas desplazados.

 

“Esta situación provocó su salida de Xalapa y creo lo que están haciendo (en la PGJDF) es investigando un homicidio y no están investigando todo el contexto de agresiones a periodistas, agresiones directas que él tenía.

 

“Es el primer periodista que ha sido asesinado fuera del lugar donde tuvo la amenaza, salió desplazado, salió huyendo a un lugar que se supone era refugio, es muy grave porque eso nos habla de una extensión de la situación de peligro de un estado, que nosotros consideramos Veracruz el más grave, el más peligroso para ejercer el periodismo con unos tentáculos que yo creo que tienen que ser investigados con todo lo que tenga que ver el gobernador Duarte, a quien Rubén señalaba como responsable de su salida de Veracruz”, afirmó Daniela Pastrana, coordinadora de Periodistas de A Pie.

 

Además, la coordinadora de la ONG que defiende los derechos de los periodistas en todo el mundo resaltó que si la PGJDF no tiene la capacidad para hacer investigaciones tan amplias, que lleguen a Veracruz, entonces que sea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) la que atraiga el caso porque, puntualizó, necesitamos respuestas.

 

Sin embargo, para Ricardo Nájera Herrera, titular de la FEADLE, el homicidio de Rubén Manuel Espinosa Becerril no tendría vinculación con la profesión que ejercía en Veracruz, de donde habría salido por amenazas.