Organizaciones de la Sociedad Civil defensoras de los derechos humanos, llamaron al Poder Legislativo, a trabajar a la brevedad en una nueva Ley General de Desaparición Forzada, que defina claramente la tipificación de este delito, sobre todo en aquellos casos en los que exista responsabilidad de funcionarios o agentes del gobierno.
Al participar en la Audiencia Pública sobre desaparición de personas, organizada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, Santiago Corcuera Cabezut y Carlos Ríos Espinosa, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y consultor de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, respectivamente, coincidieron en señalar que deben establecerse dos tipos penales: desaparición forzada cometida por la delincuencia y la perpetrada por agentes de gobierno a fin de evitar que se diluya la responsabilidad del Estado, cuando se involucre en estos ilícitos.
Particularmente, Ríos Espinosa habló sobre la necesidad de que el Senado revise otras leyes, como la Ley General de Víctimas, de Seguridad Pública, y de la Policía Federal, a fin de que estas vayan en concordancia con la nueva norma.
En tanto, José Antonio Guevara Bermúdez de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró importante que la ley establezca mecanismos para reducir la discrecionalidad de las instituciones investigadoras, crear unidades especializadas, contemplar todas las formas y autorías del delito, y que éste sea imprescriptible por ser violaciones graves a los derechos humanos.
Sostuvo que en cuanto a la distribución de competencias, las autoridades federales deben conocer del delito, aun cuando se haya cometido en el orden local, y considerar atenuantes de responsabilidad penal para aquellos que hayan estado involucrados en la desaparición para la localización de las personas.
En su oportunidad, Daniela Aguirre Luna, representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., consideró que la ley debe contener los más altos estándares en materia de desaparición forzada. Del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Andrés Díaz Hernández, resaltó la importancia de propiciar condiciones de denuncia pues, de acuerdo con cifras oficiales, hay 24 mil desapariciones forzadas durante los últimos años en México; sin embargo eso sólo representa el 10 por ciento del total de estos delitos cometidos.