El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información instruyó a la Policía Federal (PF) a entregar las versiones públicas de bitácoras de servicios y otros documentos relacionados con el caso Ayotzinapa.
Entre ellos hay tarjetas informativas, partes de novedades, órdenes económicas de servicio y dictámenes técnicos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público y elaborados entre el 24 y el 30 de septiembre de 2014, por funcionarios adscritos a la corporación en Guerrero.
La Policía Federal había clasificado esa información como reservada porque forma parte de una averiguación previa y consideró que difundirla arriesgaría tanto las investigaciones, como a los elementos de la corporación, pues se darían a conocer estrategias y datos personales confidenciales.
El caso se turnó a la ponencia de María Patricia Kurczyn Villalobos, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), quien presidió una audiencia de acceso a la información clasificada por la PF.
Entre la información revisada se detectaron algunos datos que no estaban relacionados con la averiguación previa del caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa ni alguna otra, por lo cual se consideró que no aplica la reserva invocada por la corporación federal.
Sin embargo en lo relativa a la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, Kurczyn consideró que debía ponderarse el derecho de acceso a la información sobre la reserva, pues se trata de un caso de violaciones graves a los derechos humanos de gran impacto.
“El interés de proteger documentales que se encuentran inmersos o guardan relación con la averiguación previa llevada a cabo por el Ministerio Público, se ve superado por la necesidad imperiosa de que la sociedad pueda conocer la participación que han tenido las autoridades en relación con los lamentables hechos del 26 y el 27 de septiembre de 2014”, expuso.
“Pudiendo además conocer si la autoridad ha actuado con legalidad y en ese sentido, si se están llevando a cabo todas las diligencias necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos”, sustenta la resolución.
De esa manera el pleno del INAI instruyó a la Policía Federal entregar la información en versión pública, ocultando los datos que hagan identificables a servidores públicos operativos de la Unidad de Investigación y de las estaciones de Chilpancingo, Acapulco, Ciudad Altamirano, Taxco, Zihuatanejo, Ometepec, Tecpan de Galeana, Tierra Colorada, Paso Morelos, Iguala y Aeropuerto Acapulco.
Tampoco se podrán mostrar nombres de particulares, edades, nacionalidades, domicilios, fotografías, placas, números de serie y de motor que hagan identificables vehículos de particulares y licencias de conducir, así como el número de elementos y autopatrullas de la Policía Federal.
Asimismo la información que sí se consideró reservada deberá mantener tal carácter por tres años.
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