Estados Unidos ha incrementado su ofensiva contra los traficantes de personas, conocidos como "coyotes" o "polleros", con una campaña de información que busca desmotivar el cruce fronterizo de indocumentados, al advertir sobre los peligros del viaje y la inminente deportación a la que se enfrentan.
La iniciativa, bautizada como "Conoce los hechos", comenzó el pasado 21 de julio y se extenderá hasta el 5 de octubre con el objetivo de evitar una nueva oleada como la que en 2014 llevó a miles de niños de Guatemala, Honduras y El Salvador a cruzar ilegalmente la frontera entre México y EU.
"La campaña está destinada a incrementar la concienciación sobre las políticas de inmigración de EU, la ley y la aplicación de la ley que las autoridades migratorias llevan a cabo en la frontera sur", indicó hoy el director de la Oficina de Fronteras y Aduanas (CBP), Gil Kerlikowske, durante una rueda de prensa en Washington.
"El viaje puede ser muy peligroso y no hay día en que las autoridades fronterizas no tengan que rescatar a alguien", añadió Kerlikowske, quien retrató el "duro ambiente" de asaltos y secuestros que sufren los inmigrantes que pagan a los "coyotes" para que les muestren el camino a Estados Unidos.
La campaña, que ya se puso en práctica otros años, informa sobre los peligros del viaje en anuncios en español tanto en radio como televisión y en carteles, colocados en puntos estratégicos en México, Honduras, Guatemala y El Salvador.
"Los 'coyotes' adaptan su mensaje día a día y queremos asegurarnos de que combatimos eso", resaltó durante la rueda de prensa el subsecretario de Estado adjunto para América Central y el Caribe, Francisco Palmieri, que ejerce como secretario de Estado adjunto para Latinoamérica en ausencia de Roberta Jacobson.
"Aviso al pueblo hondureño", comienza uno de los carteles mostrados en la rueda de prensa, en el que se advierte a las personas que cruzan ilegalmente la frontera de que son una prioridad para la "deportación inmediata", tal y como decretó el pasado noviembre el presidente estadounidense, Barack Obama.
En noviembre, Obama también anunció una serie de medidas para regularizar a cinco de los once millones de indocumentados que viven en el país, pero para poder solicitar el alivio migratorio -estancado ahora en los tribunales- los inmigrantes deben de cumplir una serie de requisitos, entre ellos una larga estancia en EU.
"La ley migratoria de Estados Unidos en sí no ha cambiado y no hay 'permisos' para quienes intenten cruzar la frontera sin documentos, al contrario, serán prioridad para la deportación inmediata y no serán elegibles bajo las directrices de inmigración recién anunciadas por el presidente Obama", reza el cartel.
Los dos altos funcionarios destacaron el descenso de inmigrantes que cruzaron la frontera este año, comparado con el año fiscal de 2014 (del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014) cuando el número de niños y padres detenidos en la frontera fue de 68.441, lo que supuso un aumentó del 361 % con respecto al año anterior.
El alto funcionario destacó que, en el año fiscal de 2015, la Patrulla Fronteriza ha detenido a 26,685 niños no acompañados y 24.901 miembros de familias, lo que representa un descenso de entre el 54 % al 55 % respecto al año fiscal anterior, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
No obstante, Kerlikowske admitió que, durante julio, hubo un aumento del número de inmigrantes indocumentados que cruzó la frontera de Estados Unidos con México, especialmente en la zona del Valle del Río Grande, el lugar por donde cruzó el verano pasado la mayoría de niños no acompañados.
"Hubo un incremento en julio, pero comparado con años anteriores y, especialmente, el verano pasado las cifras son mucho menores. Estamos supervisando cuidadosamente la situación. Desde luego, estamos preocupados, pero el aumento comparado con el año pasado es mucho menor", aseveró Kerlikowske.
Para atajar la violencia y la falta de oportunidades de desarrollo económico que genera la inmigración, Obama pidió al Congreso la aprobación de 1,000 millones de dólares para financiar la llamada Alianza para la Prosperidad con El Salvador, Guatemala y Honduras, los países desde donde principalmente se generó la crisis humanitaria.
Sin embargo, el Legislativo aún no ha aprobado los fondos y la propuesta está siendo estudiada tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, pero con cantidades muy inferiores a los 1,000 millones solicitados por el Ejecutivo.
